La CUP aplaza el debate sobre Mas hasta pactar el guion de la «ruptura»

CDC celebra la disposición al diálogo pero reconoce las dificultades para llegar a acuerdos

Exige desobedecer explícitamente al TC y revertir la privatización de 10 empresas, entre otros gestos

La diputada Anna Gabriel interviene en la conferencia de la CUP, este jueves. / JULIO CARBÓ / VÍDEO: CUP

La diputada Anna Gabriel interviene en la conferencia de la CUP, este jueves.
La número dos de la CUP, Anna Gabriel ha reiterado el rechazo de su formación a que Artur Mas sea reelido como presidente de la Generalitat. 

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XABIER BARRENA / FIDEL MASREAL / BARCELONA

La negociación sobre quién  debe ser el presidente de la Generalitat puede ser el menor de los problemas que tiene por delante CDC para llegar a una entente con la CUP. Y no porque esta cuestión sea menor, sino porque las exigencias de la fuerza asamblearia se antojan difíciles de asumir, a priori, para un partido de orden   como sigue siendo  Convergència. La tan esperada conferencia política de la CUP tuvo la retórica propia de los mítines de campaña. Aun así, hubo algunas concreciones, y la principal es que el debate sobre la presidencia queda aplazado hasta que se pacte «el qué, el cómo y el cuándo» del proceso de secesión. Un pacto que la CUP ve sobre dos patas: la ruptura con el Estado y la puesta en marcha de un plan de choque para las emergencias sociales.

Sobre Mas no hubo un pronunciamiento explícito, aunque sí la suma de afirmaciones sueltas hechas en distintos momentos y por distintos oradores, todos ellos diputados electos. Así, Anna Gabriel, tras acusar recibo de lo que ella entiende como campañas de desprestigio y de presión por parte de medios y f uerzas políticas tanto de Barcelona como de Madrid, afirmó que la CUP «no había cambiado de parecer». Ya en el cierre del acto, Josep Manel Busqueta apuntó que es Junts pel Sí el que «puede y ha de formar Govern» y que en este proceso «no sobra nadie». Luego, en declaraciones al .CAT de TV-3, el mismo Busqueta aseguró que el no a la investidura de Mas «no ha cambiado» y que se mantiene la negativa a facilitar su reelección. Antes, Albert Botran había aseverado que las fuerzas independentistas no se podían permitir otra crisis como la que se abrió por el 9-N.

De la síntesis de las declaraciones de unos y otros puede interpretarse que no desean ni impedir la formación de un Ejecutivo ni la desaparición política de Mas, pero tampoco auparlo a la presidencia. En el auditorio de la UPF, escuchaban atentos tres miembros de JxSí: el cabeza de lista y negociador con la fuerza asamblearia, Raül Romeva; el republicano Oriol Amorós, y el convergente Jordi Turull. Cuando llegó Romeva, por cierto, se escucharon algunos gritos de «president, president».

HERENCIA DEL FRANQUISMO 

El principal concepto que usa la CUP es que la próxima no será una legislatura «autonómica» más, sino la de creación del Estado catalán. «Y como la legalidad heredada del franquismo no nos reconocerá  nunca nuestro derecho a ejercer la soberanía», dijo Benet Salellas,  solo cabe la ruptura con el Estado español. Y hacerlo de una manera «explícita antes incluso de la investidura» del nuevo president.

La sucesión de resoluciones del Constitucional, así como la querella abierta a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N han convertido a la justicia española en la primera institución a desobedecer, según Salellas. Se trataría de explicitar de manera solemne que no se acatarán más sentencias del TC. Ni la ley Wert, ni la ley mordaza.

AMPLIAR LA BASE 

La otra pata del eventual acuerdo es la social. Según la CUP, esa es la vía para seguir ensanchando la base del independentismo, pues son muchos, creen, que se mantienen distantes del proceso por entenderlo como un «escudo para protegerse de la corrupción y los recortes». Sin entrar a fondo en las propuestas, algo que irán haciendo en los próximos días, los oradores de la CUP apuntaron que hay 39 medidas «ineludibles» para hacer frente a la precariedad que sufren 1,6 millones de catalanes. «Respetar y amparar las necesidades básicas y revertir la escasez de recursos», aseveró Eulàlia Reguant. Y Antonio Baños, sentenció: «La nueva república se construirá con todo el mundo, no se parecerá a una mini-España. No tiene sentido habilitar derechos políticos si no se garantizan los sociales».

Fue Reguant la que planteó una de esas propuestas que van dirigidas a la línea de flotación de una fuerza como CDC que hasta no hace tanto se publicitaba como business friendly: revertir la privatización de 10 empresas públicas (no dijo cuáles).

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En todo el acto primó cierto tono, si no de revancha, sí de reivindicación: «La elecciones nos han dejado en el centro del escenario. Nosotros, los marginados de la política, somos ahora decisivos», clamó Busqueta. «Los pobres no tenemos amigos», dijo Gabriel. Frente a los ataques y menosprecios, la CUP respondió que el proceso constituyente que quiere iniciar no lo aborda en «clave de partido». «No queremos cargos -insistieron-. La CUP será generosa».

Esta afirmación quizá tranquilizó algo a un inquieto Jordi Turull, representante de CDC en el acto. Fuentes convergentes celebraron la disposición de la CUP al diálogo, pero reconocieron que algunos de los planteamientos expuestos hacen prever una negociación difícil.