Muros por doquier

No es que la Generalitat haya impulsado muchas leyes en los últimos años, pero de las pocas que ha elaborado, más de una docena de ellas han sido paralizadas o anuladas definitivamente a raíz de un recurso del Gobierno central y la posterior actuación del Tribunal Constitucional (TC), al que el Ejecutivo del PP ha convertido en un muro más alto que el de 'Juego de Tronos'. La sentencia contra el proceso participativo del 9-N y el recurso contra la ley de medidas fiscales y administrativas de Catalunya, la de las «estructuras de Estado», suponen los últimos episodios de un serial que afecta a reglamentos de índole muy diversa.

Relacionado con el último fallo en contra del alto tribunal, este todavía tiene pendiente pronunciarse sobre la ley de consultas populares no referendarias que fue aprobada por el Parlament el 19 de septiembre pasado con los votos de 106 diputados, los de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. En estos momentos, y como sucede con otros normas, la aplicación de esta se halla suspendida hasta que se dicte sentencia.

EL TRASFONDO SOBERANISTA

En los asuntos mencionados en las líneas anteriores siempre subyace un claro denominador común: el debate soberanista. Lo mismo sucede con otra ley recurrida que permanece en el limbo, la de acción exterior, con la que la Generalitat establece cómo debe ser el despliegue de sus organismos y su representación fuera de Catalunya.

Otras normas claro que pueden circunscribirse en el mismo conflicto, pero también se pueden relacionar solo con un mero afán recentralizador. Porque siempre con los argumentos de la «invasión de competencias» y de la defensa de la igualdad entre autonomías, el Gobierno de Mariano Rajoy ha llevado al Constitucional otras normas como la de la pobreza energética (suspender el pago de los servicios básicos a los más necesitados en invierno); la del impuesto a las entidades bancarias (que ya ha sido anulada por el tribunal); la de los horarios comerciales; la de los colegios profesionales, la del código de consumo... Incluso a instancias del Defensor del Pueblo, el TC tumbó la ley sobre el Síndic de Greuges como autoridad para la prevención de la tortura.

En varias instancias judiciales el Ejecutivo central también ha arremetido contra la inmersión lingüística y para que el castellano sea vehicular en la escuela catalana. Como reacción ha obtenido un recurso de la Generalitat al Constitucional por la ley de educación (LOMCE). Y no es el único: el Govern de Artur Mas también ha ido asiduamente a la justicia para denunciar invasión competencial u otros perjuicios en numerosos asuntos: la ley de tasas judiciales; la indemnización del proyecto Castor, los recortes en sanidad... y hasta la suspensión de la consulta.