El juez de Innova se interesa por quién paga la defensa de Prat

El juez que instruye el 'caso Innova' de Reus ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, que el Servei Català de la Salut responda a sus requerimientos sobre los procedimientos rutinarios a la hora de tramitar un centro sanitario, desde quién toma las decisiones hasta quién debe ejecutarlas. Así consta en la escasa documentación que ya no está bajo secreto de sumario del caso que investiga una presunta trama organizada para desviar fondos públicos bajo el paraguas del hólding de empresas municipales de Reus Innova, surgido bajo el mandato del tripartito durante la alcaldía de Lluís Miquel Pérez (PSC).

El juez ha requerido asimismo en las últimas semanas, sin obtener respuesta, saber quién paga la defensa de Josep Prat, que dimitió como director general de Innova poco antes de que la CUP hiciera pública su denuncia por la acumulación de cargos, ya que Prat era al mismo tiempo director general de Innova, presidente del Institut Català de la Salut (ICS) y presidente de una patronal de hospitales privados.

En el sumario figuran unos correos enviados al 'conseller' de Salut, Boi Ruiz, por el abogado Xavier Melero en los que este reclama unos honorarios, no satisfechos, por la defensa de Prat. No está claro, judicialmente hablando, quién debe asumir el coste de la defensa, ya que, en calidad de cargo del ICS, Prat tiene cierta cobertura legal.

El juzgado de instrucción número 3 de Reus reseña en uno de su autos lo "insoportable desde el punto de vista ético" de los movimentos entre el CatSalut y la empresa del arquitecto Jorge Batesteza, contratado nada más dejar su cargo de directivo del Catsalud como asesor en las obras del nuevo Hospital Sant Joan de Reus, aunque ya formó parte de la mesa de contratación de esas obras. El juez investiga el papel de Batesteza y sus relaciones con obras sanitarias, sobre todo a partir de correos entre la empresa del arquitecto, el Departament de Salut y la empresa constructora Teyco.

El juez instructor del caso ha afeado además en varias ocasiones la actitud pasiva del ayuntamiento de Reus, personado como parte en el caso.

JUNTA DE PORTAVOCES

Una muy tensa junta de portavoces debatió en Reus la situación en que ha quedado el consistorio tras las nueve detenciones practicadas el martes, incluida la de la teniente de alcalde Teresa Gomis. El grupo Ara Reus insistió en pedir dimisiones, mientras que la CUP abogó por seguir investigando y el alcalde Carles Pellicer, de CiU, hizo una llamada a la calma. Todos los imputados pasaron su segunda noche en el calabozo.

En la parte dispositiva, el juez ha solicitado al CatSalut, a la empresa de Batesteza y a la constructora Comsa toda la documentación relacionada con la construcción del ambulatorio de Vila-seca.