28 sep 2020

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PIEZA SEPARADA DEL 'CASO MERCURI'

Un año y cuatro meses de cárcel para Daniel Fernández y los hermanos Bustos por tráfico de influencias

El TSJC cree probado que intercedieron ante la alcaldesa de Montcada, condenada a siete años de inhabilitación, para enchufar a una excargo del tripartito

Los condenados piden la suspensión de militancia del PSC tras conocer el fallo y Francisco Bustos renuncia a su puesto de concejal en Sabadell

ALBERT SEGURA / SABADELL

Daniel Fernández, Manuel y Fracisco Bustos y Maria Elena Pérez, en el banquillo de los acusados.

Daniel Fernández, Manuel y Fracisco Bustos y Maria Elena Pérez, en el banquillo de los acusados. / JOAN PUIG

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año y cuatro meses de cárcel al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández, al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos y a su hermano y hasta ahora concejal Francisco, por un delito de tráfico de influencias. La sentencia también impone una multa de 60.000 euros para cada uno de ellos y los inhabilita durante 4 años, 6 meses y un día. A la alcaldesa de Montcada i ReixacMaría Elena Pérez, el TSJC la condena a 7 años de inhabilitación para cargo público. Todos ellos han pedido este lunes la suspensión de militancia del PSC.

La resolución corresponde a la pieza número 5 del 'caso Mercuri', en relación a la contratación irregular en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac de una exalto cargo de la Generalitat en época del tripartito. Se trata del primer fallo que se conoce del caso, y, según la acusación, establece un precedente para sentencias futuras. Los hechos investigados se desarrollaron entre abril y mayo del 2010 y se destaparon porque Manuel Bustos tenía el teléfono intervenido. Este habría ordenado a Pérez que alterara un concurso público y contratara a Carmina Llumà, exsecretaria general de Política Territorial de la Generalitat.

En la sentencia, que destaca que los Bustos y Fernández actuaron para "abordarla, asediarla y convencerla" de manera reiterada, se recuerda que el proceso de selección se tenía que desarrollar ante un tribunal técnico, y Pérez tan solo tenía que designar a la candidata mejor valorada, sin potestad para influenciar en la decisión final. Ante las presiones se habría visto obligada a forzar el cambio del informe de la empresa asesora para incorporar a Llumà. El texto refleja que los acusados eran "plenamente conscientes de que, con su comportamiento, estaban infringiendo las reglas del proceso público de selección y vertían a la alcaldesa a dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria a los principios que deben guiar la actuación de cualquier administración propia de un Estado de derecho".

VOTO PARTICULAR

El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, emitió su voto particular para discrepar sobre la condena de Fernández. Considera que el fallo da por probada una llamada telefónica entre este y Pérez que no influyó en el desenlace final porque se produjo después de que la alcaldesa modificara la calificación de Llumà. El tribunal se basa en una supuesta llamada telefónica previa en la que se instó a Pérez a cambiar los criterios después de que uno de los acusados le pidiese que lo hiciese. "La sentencia parte de un convencimiento subjetivo que solo se sustenta en inferencias abiertas y carentes de univocidad", argumenta Gimeno.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

Tras conocer el fallo, los condenados pidieron la suspensión de militancia del PSC. Francisco Bustos dejará su puesto de concejal y Pérez no optará a la reelección. La portavoz del PSC, Esther Niubó, explicó que tomaron la decisión para "no perjudicar al partido", a la espera del posicionamiento del Supremo, si bien "la justicia y la sentencia han sido claras".

Manuel Bustos anunció ayer que recurrirá. En su cuenta de Facebook, consideró la sentencia "totalmente desproporcionada". Asegura que no obró con mala intención en su ímpetu para que la alcaldesa de Montcada i Reixac contratara a un antiguo cargo de confianza.

El exalcalde asegura que siempre estuvo convencido de que se trataba de un cargo de confianza y que no presionaron a ninguno de los técnicos implicados en el proceso de selección con la intención de vulnerar la ley de la función pública. "Hemos sido condenados [Manuel Bustos, su hermano Francisco y el exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández] por opinar sobre un cargo de confianza, no por otra cosa, muy lejos de otros presuntos casos de corrupción que tienen que ver con millones de euros a paraísos fiscales", asegura Bustos.

ERROR "INVOLUNTARIO"

Manuel Bustos admite que sus opiniones sobre la contratación "fueron desafortunadas" y estuvieron "fuera de tono", pero insiste en que si ha cometido "algún error" ha sido "involuntario" y no cree "que merezca el tratamiento de penal". En esta línea apunta que nunca ha usado la política para enriquecerse.