Fernández y Bustos se desmarcan del 'enchufe' de una excargo afín

Más de dos años después de su estallido, el primero de los tentáculos del 'caso Mercuri' llegó a juicio ayer con el foco puesto en dos figuras con un innegable poder en el pasado más reciente del PSC: el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos y el exsecretario de organización Daniel Fernández. A tientas, ambos exdirigentes trataron de combatir la fuerza de una decena de conversaciones telefónicas cuya clarividencia les pone contra la espada y la pared, como presuntos responsables de haber influido, mediante presiones, para colocar a dedo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac a una excargo del tripartito, Carmina Llumà. Por ello, Fernández y Bustos intentaron, sin éxito de momento, neutralizar todo el proceso al solicitar que se anulen unas escuchas a su entender realizadas por cauces ilegales.

La sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), encabezada por el presidente de la institución, Miguel Ángel Gimeno, desbarató las pretensiones de la defensa de Bustos y Fernández, ejercida por el abogado Cristóbal Martell. Pero el juez dejó la puerta abierta a resolver sobre la validez de esos pinchazos telefónicos cuando dicte sentencia. Si fueran anulados, la causa se diluiría y podría afectar incluso al recorrido del medio centenar de piezas en que se divide el embrollado 'caso Mercuri'. Según Martell, las conversaciones se basan en una investigación dirigida por los Mossos d'Esquadra de forma «autoritaria», sin control judicial. El fiscal Fernando Bermejo replicó que las escuchas eran necesarias ante la «corrupción continuada» que se había detectado en Sabadell.

NO SE RECONOCEN

Al no conseguir su objetivo de liquidar el juicio, Bustos y Fernández se escudaron en que las conversaciones siguen impugnadas por su defensa para no otorgar validez a la prueba sobre las que se fundamenta la petición de dos años de prisión y seis de inhabilitación a la que se enfrentan ambos. Sin embargo, un nervioso y titubeante Fernández y un Bustos mucho menos altivo y desafiante que de costumbre se delataron ante el juez cada vez que afirmaban «no reconocerse» en esas grabaciones para, acto seguido, justificar sus propias palabras en ellas.

El hilo argumental de ambos fue idéntico y consistía en descargar sobre la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, toda la responsabilidad sobre el enchufe de Llumà. Según su versión, fue ella quien les solicitó referencias sobre alguna persona idónea para un cargo de confianza en el área de urbanismo del consistorio. Y ambos coincidieron en recomendar a Llumà, esposa de un alto cargo del Ayuntamiento de Sabadell, dado su «brillante currículo» en el sector jurídico y de urbanismo en la Generalitat y en el Ministerio de Fomento.

Fernández y Bustos repitieron varias veces que nunca mostraron «interés» por colocar a Llumà y aseguraron estar en todo momento convencidos de que se trataba de un puesto de confianza, por lo que no requería concurso público. Ahí es cuando los dardos se dirigieron a la alcaldesa de Montcada por no seguir, en palabras de Bustos, los «procedimientos habituales» para cubrir puestos de libre disposición, es decir, de confianza.

"TONTA DEL CULO"

Ambos rechazaron toda presión a Pérez, incluso después de escuchar ante el juez una conversación telefónica entre ambos en la que Fernández afirma: «La empresa ha hecho un informe, un psicotécnico (...) y declara no apta a nuestra candidata (...) Bueno, pues yo le he dicho que cojan a la empresa y al 'no apta' le quiten 'no', ¿vale?». O esta otra llamada en la que Bustos le advierte a Fernández sobre la alcaldesa: «Llámala, no te fíes porque esta niña es tonta del culo (...) Y si no la apretamos un poco, se va a dejar influenciar por la mala gente que tiene a su alrededor».

Sobre la primera, el exsecretario de organización del PSC arguyó que se trataba de «una escenificación y teatralización para aparentar ante Bustos, por cuestiones de relaciones internas del partido». Sobre la segunda, Bustos redujo la descalificación «tonta del culo» a una «expresión coloquial». Y ambos insistieron, a pesar de tantas justificaciones, en «no reconocerse» en las conversaciones. En su interrogatorio, Francisco Bustos, exconcejal de Sabadell y hermano del exalcalde, siguió la estela argumental de sus predecesores.

Pérez, la última que declaró ayer, no refutó las versiones de Fernández y de los hermanos Bustos, aunque sí admitió haberse sentido presionada por Francisco. Defendió que Llumà también era su candidata preferida, por su currículo de jurista y experta en urbanismo, y negó que exigiera o sugiriera a las técnicas que la calificaron inicialmente como no apta que cambiaran su informe. No obstante, sí reconoció que les pidió que modificaran los criterios de selección para «clarificar el perfil» que se buscaba. Unos cambios que, al final, allanaron el fichaje de Llumà.