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Mas traspasa la ejecución del 9-N a los voluntarios

El Govern tilda de «coorganizado» el proceso y salva así el escollo legal

El Ejecutivo del PP exige al 'president' que cumpla y evita nuevas medidas

X. BARRENA / F. MASREAL / BARCELONA/JUAN RUIZ SIERRA / MADRID

La cuadratura del círculo con doble tirabuzón sin red. Así podría definirse la estrategia del president Mas respecto al 9-N: superó un alud de críticas por cambiar la consulta por una jornada participativa; tras la nueva impugnación del Constitucional, aseguró que no se podía suspender lo que no existía, y ayer, a dos días de la cita, por persona interpuesta anunció que el 9-N lo ejecutarán los voluntarios, no el Govern.

En el último suspiro, Mas se acoge así al salvavidas que le ofreció el Gobierno de Rajoy y que avanzó EL PERIÓDICO el jueves: el Estado mirará hacia otro lado siempre que quede claro que se celebra un acto solo cívico, no gubernamental.

El Govern estuvo ayer desaparecido. Silencio. En su lugar, fue el responsable del Pacte Nacional pel Dreta Decidir, Joan Rigol, el que explicó en rueda de prensa que «el final del proceso está en manos de voluntarios», aunque matizó que «el Govern ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo». «El Govern se mueve en parámetros de legalidad, o de no ilegalidad», admitió, y recordó que Mas retiró la consulta original una vez fue impugnada.

EL GOBIERNO NO ARREMETE / Justo al mismo tiempo en el que Rigol anunciaba el último cambio en el 9-N, el Gobierno central evitaba arremeter contra el proceso con la dureza de otras ocasiones. Sin detenerse en la novedad que supone que el peso del sucedáneo de consulta caiga sobre voluntarios, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a recordar los pasos dados por el Ejecutivo en este conflicto (es decir, los recursos ante el Constitucional) y a pedir dos cosas a Mas: «prudencia» y que no obligue a los ciudadanos en general, y a los funcionarios en especial, a violar la ley. No concretó si pensaba actuar para impedir la convocatoria de mañana.

«Si el president de la Generalitat considera que está sobre el bien y el mal, que está por encima de la ley, que no haga que ni un solo funcionario adopte actitudes que le generen la más mínima intranquilidad. El Constitucional y el Supremo han sentenciado que no puede seguir adelante. Le invito a una reflexión: la prudencia no es mala consejera», señaló la número dos del Gobierno tras el Consejo de Ministros.

Al Ejecutivo del PP le debió de tranquilizar la explicación de Rigol sobre el relevo en la «ejecución» del 9-N, pero esa versión no fue la que sostuvieron algunos presentes en la reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. «Dentro de la reunión  quedó claro que el Govern lo hacía todo. Que garantizaba las urnas y las mesas dentro de los institutos, la seguridad jurídica y el recuento. Todo lo hacía el Govern», aseveró a este diario uno de los participantes. Otra voz afirmó que los voluntarios, como insinuó Rigol, no «pueden centralizar los resultados» ya que cada uno solo conocerá los guarismos de sus mesa y «no existe» la figura del coordinador de voluntarios que pueda «centralizar y comunicar los datos que reciba». Fuentes del Govern sostenían que será la vicepresidenta Joana Ortega la que ofrezca resultados.

La reunión del Pacte Nacional fue una balsa de aceite que acabó en un aplauso general, tras un llamamiento a la unidad y la movilización. Sin aristas. Se evitó incluso pedir la dimisión de la delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna, por sus cartas advirtiendo al Govern, alcaldes e institutos sobre la ilegalidad del 9-N. Se eludió esta petición de dimisión para no centrar la atención en ella sino en la apuesta por la participación mañana.

Fuentes del Govern señalaron ayer que el concepto clave es la «coorganización», o la corresponsabilidad, porque fue Mas quien dio el pistoletazo de salida al mecanismo escogido para mañana, pero participan más de 700 ayuntamientos, cediendo espacios, más de 40.000 voluntarios, y dan su apoyo entidades cívicas y sociales.

ENIGMA RESUELTO / Así pues, salvo sorpresa por parte de algun juez, el caso 9-N está resuelto, gracias una alta cantidad de paradojas: Mas sigue reivindicando la autoría de la movilización y cede el testigo sin que se note demasiado. La expresión exacta en Palau es que se ha «bordeado» la legalidad. Y el Gobierno del PP podrá darse por vencedor al atribuir la recogida de votos de mañana a los movimientos sociales. Y el soberanismo, capitaneado por la ANC, asume también el juego. Llama a «demostrar la voluntad de participar». Porque, parafraseando al barón de Coubertin, «lo importante no es vencer sino participar». El lunes, la ANC inicia otra batalla: la petición de elecciones.