12 jul 2020

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APELACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL

Una jueza argentina ordena detener a Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo

La magistrada pide que los dos exministros y una veintena de policías y cargos franquistas sean extraditados para ser interrogados

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Fotografía de archivo del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa (i) y del exministro franquista José Utrera Molina.

Fotografía de archivo del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa (i) y del exministro franquista José Utrera Molina. / Manuel H. de León (EFE)


La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre ellos, Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD (1976-1979), y José Utrera Molina, ministro en la dictadura franquista.

La magistrada acuerda la medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa y a Utrera Molina, y a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, exjueces y un antiguo ginecólogo, informa Europa Press.

Entre los políticos, se encuentran los exministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Ejectuvioo entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último Gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de Presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado mes de septiembre.

SENTENCIA DE PUIG ANTICH

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de un centenar de heridos, muchos de ellos por armas de fuego.

Al exministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegi Echeverría.

La acción judicial contra Sánchez Ventura es por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército y un médico ginecólogo acusado de sustraccion de menores.


DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ARGENTINA

María Servini recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.

La jueza argentina, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.

"En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.

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