EL ÓRDAGO SOBERANISTA

El Gobierno ya ha registrado el recurso para impugnar el nuevo 9-N ante el Constitucional

El Ejecutivo central basa su documento en que todas las acciones de organización del 9 de noviembre "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", centrándose en las comunicativas

Santamaría afirma que el objetivo del documento es "proteger la democracia y a los funcionarios" a los que la Generalitat no ofrece "cobertura" legal

Soraya anuncia que el Gobierno impugnará ante el Constitucional la consulta alternativa del 9N / ATLAS / AGUSTÍN CATALÁN

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PILAR SANTOS / GEMMA ROBLES / MADRID

El Gobierno ya ha registrado el recurso para impugnar el nuevo 9-N ante el Tribunal Constitucional (TC) tal como había anunciado. El documento ha sido registrado antes de las tres de la tarde, que es la hora hasta la que están abiertas estas dependencias de la institución encargada de interpretar la Carta Magna. 

El Gobierno basa su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva consulta catalana en que todas las actuaciones de la Generalitat de Catalunya para organizarla "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", aunque no exista una única convocatoria como tal, como ocurría en el referéndum original previsto para el 9 de noviembre.

En concreto, el Ejecutivo aporta como pruebas la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del 'president' catalán, Artur Más, su vicepresidenta y el portavoz de la Generalitat.

ANUNCIADO ESTA MAÑANA

La impugnación la ha acordado el Consejo de Ministros en su reunión semanal, después de que el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo, le entregara este jueves un informe en el que avala el recurso contra el sucedáneo de consulta del próximo 9 de noviembre. El Alto Tribunal decidirá el martes si, como hizo con la primera propuesta, en base a la ley de consultas y al decreto de convocatoria firmado por el 'president' Artur Mas, suspende este nuevo formato, así como todas las iniciativas y actos ya adoptados y por adoptar que estén ligados al mismo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la decisión que se ha tomado esta mañana en La Moncloa obedece a unos objetivos fundamentales: evitar el "fraude de ley"; proteger a los funcionarios principalmente y salvaguardar los derechos de todos los catalanes que, a su entender, se pueden ver vulnerados con el proceso que pretede llevar adelante la Generalitat.

"Esto no tiene cabida en el Estado de derecho ni en el orden constitucional. Queremos proteger la democracia, los derechos, la libertad y la igualdad. Pretendemos garantizar los derechos de los catalanes y muy especialmente de los funcionarios públicos, a los que la Generalitat pretende colocar ante la intemperie legal al no darles cobertura legal para la objeción y a los que se les pide que asuman ellos mismos lo que el president no está dispuesto a asumir", enfatizó la portavoz gubernamental.

LOS ANTECEDENTES Y EL NUEVO 9-N

En rueda de prensa tras la reunión del consejo de ministros, la vicepresidenta recordó que ya se recurrió la convocatoria del referéndum soberanista del 9-N y la ley de consultas sobre la que se sustentaba, procediendo el Constitucional a decretar la suspensión cautelar. Unos días después, prosiguió en su relato, el 'president' Mas decidió anunciar una "nueva" consulta "sin más concreción que iba a ser en la misma fecha y con las mismas preguntas y que, en esencia, sería lo mismo con las mismas papeletas y urnas".

"Desde entonces se ha venido articulando un proceso de consulta sin ninguna base legal y, lo más importante, sin garantías democráticas, sin censo, y pilotado por quienes quieren un resultado concreto, con voluntarios que se encargarían desde el registro hasta el recuento y la proclamación de los resultados. Y todo ello para que la Generalitat pueda eludir su responsabilidad y pasársela a particulares o funcionarios", añadió Santamaría.

Dicho esto, resumió los argumentos que ayer dio el Consejo de Estado -máximo órgano consultivo del Gobierno- para concluir que el proceso "participativo" que pretende impulsar ahora Mas es "todavía" más inconstitucional o antidemocrático, a su juicio, que la consulta soberanista que pretendía celebrar basándose en una ley de consultas recién aprobada y en un decreto de convocatoria firmado por Artur Mas.

UNA PETICIÓN AL 'PRESIDENT'

Se le reclamó a la portavoz del Ejecutivo que especificase cuáles serán los argumentos jurídicos fundamentales que, en el escrito que ha registrado este viernes ante el TC, esgrimirá el Gobierno para frenar el 9-N. Sáenz de Santamaría eludió esta cuestión e insistió sin embargo en que una vez que el Alto Tribunal se pronuncie, si admite a trámite el recurso que le llegue desde Moncloa (algo que ocurrirá con toda seguridad salvo un defecto de forma), la suspensión tendrá efectos desde este mismo viernes.

Se interrogó a la vicepresidenta sobre las posibilidades de "cortar el grifo" a Catalunya para que su gobierno no se gaste el dinero "de forma reiterada en algo ilegal" o incluso de intervenir la comunidad. También se le llegó a plantear qué se puede hacer desde el Ejecutivo para que Mas, que es quien organiza "todo eso que es un fraude de ley" no logre "irse de rositas" tras la segunda impugnación en el Constitucional.

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No quiso Saénz de Santamaría entrar a fondo en los peliagudos asuntos que le habían colocado sobre la mesa. Sobre la hipótesis de un corte "de grifo", esto es, de recursos económicos, dijo que bastante se ha "perjudicado" a los ciudadanos catalanes desde la Generalitat como para que, además, el Estado no se ocupe de garantizar que pueden acceder a unos servicios públicos "a los que tienen derecho". Y sobre lo que se puede hacer o no contra Mas, optó por lanzar un mensaje al responsable del Govern.

"Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si con el primer referéndum incumplía la Constitución, con el segundo además vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Es un paso mas en sus responsabilidad como gobernante, pero sobre todo en su representación de los ciudadanos. Espero que tenga muy presente que con este proceso traslada responsabilidad a quienes no tienen obligación ni politica ni jurídica para soportarla. Espero que por respeto a esos ciudadanos, esta vez cumpla las resoluciones del Constitucional", apostilló la vicepresidenta.