El Consejo de Estado dice que el nuevo 9-N es aún más ilegal

Apoya impugnar el proceso y resalta que Mas dijo que «en lo esencial es lo mismo»

El 'president' desoye el informe porque considera imposible frenar la movilización

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sale del Palacio de la Moncloa para recibir a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sale del Palacio de la Moncloa para recibir a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. / AGUSTÍN CATALÁN

2
Se lee en minutos
PILAR SANTOS / MADRID / JOSE RICO / BARCELONA

El Consejo de Estado entregó ayer un informe al Gobierno central en el que apoya por unanimidad la impugnación del 9-N alternativo. El máximo órgano consultivo del Estado considera que el nuevo proceso es todavía más antidemocrático que el original. El Consejo de Ministros, con Mariano Rajoy al frente, estudiará esta mañana el dictamen y decidirá si recurre finalmente ante el Tribunal Constitucional contra el sucedáneo de la consulta.

En un documento de 33 páginas, el Consejo de Estado argumenta que «los elementos esenciales», entre ellos la pregunta y la logística, del llamado proceso de participación ciudadana «son idénticos a los de la consulta suspendida» en septiembre por el tribunal. Y considera que es todavía más ilegal que el 9-N original, «si cabe», porque se omiten «algunas de las más elementales garantías constitucionales». En concreto, cita la falta de «neutralidad de los responsables del proceso» y «la previa determinación del universo de personas llamadas a votar».

Los miembros del Consejo de Estado también han destacado que el propio president de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho públicamente que la nueva consulta y la original se diferencian en poco. «En lo esencial es lo mismo, si por esencial entendemos locales abiertos, urnas en las mesas, miles de mesas y que todos los que quieran votar la pregunta acordada podrán hacerlo», dijo el jefe del Ejecutivo catalán el 14 de octubre en rueda de prensa, una cita que recoge el documento.

LA ASTUCIA DE MAS

En cuanto a la maniobra del president de no aprobar ningún decreto para evitar la impugnación del Ejecutivo, el Consejo de Estado considera que el hecho de que la web de la Generalitat remita a la dirección www.participa2014.cat, en la que se convoca a los catalanes a acudir a las urnas, constituye «un acto jurídico administrativo de convocatoria». El órgano consultivo también subraya que los «vicios de inconstitucionalidad» se enfatizan por la propia actitud de las autoridades públicas convocantes, que han exteriorizado «su voluntad de eludir los mecanismos de control».

Antes de conocerse el contenido del informe, Rajoy, en rueda de prensa, anunció que hoy el Consejo de Ministros estudiará al detalle el documento y tomará la decisión que «convenga al interés general». «Hemos mantenido una actitud prudente, pero siempre atentos a la principal obligación de cualquier Gobierno, que es que se cumpla la ley», añadió.

Aunque el TC prohíba el sucedáneo de consulta, Mas sabe que tiene asegurada la enésima movilización del independentismo el 9-N. Con esa foto de impacto en el bolsillo, el president reaccionó con indiferencia al informe del Consejo de Estado, y ordenó mantener el guion previsto en el «proceso participativo». «De todo menos sorprendido», se confesó a los periodistas tras el aval unánime del órgano consultivo a la impugnación del nuevo 9-N.

«TODO A PUNTO»

Noticias relacionadas

Mas dejó claro que EL Govern tiene «todo a punto» para que los catalanes puedan participar en el 9-N alternativo. «¿Qué impugnarán? ¿Los 40.000 voluntarios?», se preguntó. El Ejecutivo catalán cree que no hay base legal para suspender el «proceso participativo», pero también que si se produce la prohibición, mucha gente que acudirá a su punto de votación para exigir su derecho a participar.

Las fuerzas soberanistas reaccionaron con la misma indiferencia y contaron ayer con el apoyo matizado del PSC, que juzgó un «error» que Rajoy impugne «una movilización sin efectos jurídicos y que será muy grande». Una posición que difiere de la que han expresado dirigentes del PSOE, como Susana Díaz, que se han alineado sin ambages con Rajoy a favor de la impugnación.