Nace el sucedáneo: "Proceso participativo como palanca para las plebiscitarias"

La segunda cita, la del 9 de octubre, es la más corta. Menos de cuatro horas, y en exclusiva sesión de tarde. Esta vez, la cita pretende ser casi clandestina y el escenario, otro palacio, en este caso el Palau Robert. Nada menos que en la esquina Diagonal/paseo de Gràcia. De lo más discreto…

El tiempo que Artur Mas había querido ganar en la primera reunión no sirve para apaciguar a sus aliados de la izquierda. Se han consumido seis días y las cosas siguen igual. Esquerra vuelve a abrir fuego para recriminar a Mas que el Govern no esté cumpliendo los compromisos de poner en marcha el 9-N. Es entonces cuando el president se suelta y exhibe una carta nueva que desarrolla la tercera opción presentada la jornada anterior. Se trata de organizar un «proceso participativo» al amparo del título 3 de la ley de consultas, que no ha sido suspendido. Las reglas del juego serán otras, el resultado totalmente devaluado, pero si en lugar de tomarlo como un fin en sí mismo se utiliza como una palanca para algo posterior, puede servir, expone el president. Mas vincula entonces el sucedáneo de consulta con una segunda parte decisiva: las elecciones plebiscitarias. Y para salvar el escollo del recurso de la Administración central, el president muestra su argucia. Un proceso participativo se convoca para una fecha determinada y los ciudadanos pueden opinar durante los 30 días siguientes. Solución sencilla: el Govern firma el decreto de convocatoria el 8 para que empiece a votarse al día siguiente, el 9 de noviembre y a lo largo de un mes. La medida, argumenta, no puede ser impugnada por el Gobierno central por falta de tiempo para impedir que el día de la consulta se vote. El resto de los días que quedan pendientes ya no tienen mayor importancia. La movilización ciudadana y la foto de las urnas el

La artimaña no convence al resto de partidos. En un ambiente caldeado de nuevo, los socios de la izquierda, ERC, ICV-EUiA y la CUP, piden al Govern que detalle en un documento las soluciones que propone para estudiarlas en una nueva reunión. Mientras, Herrera insiste en la necesidad de no devaluar la consulta. La vicepresidenta, Joana Ortega, trata de poner dosis de realismo sobre la mesa: el 46% de los ayuntamientos comprometidos con el 9-N, incluidos dos de los cuatro con alcaldes de la CUP, condicionan la colaboración a que se levante la suspensión del Constitucional. Mas pide a los reunidos que le den un margen para trabajar con su equipo y concretar un proyecto viable. Los negociadores acuerdan levantar la sesión con otra cita, en el bien entendido que será la última. No habrá más dilaciones: o consulta o sucedáneo, y cada cual deberá mojarse.