EL ÓRDAGO SOBERANISTA

Trifulca en el Parlament por la designación de la comisión del 9-N

El bloque proconsulta aprueba la medida y el PSC, el PPC y Ciutadans no participan en la votación

Los populares pondrán el acuerdo "en conocimiento de la Fiscalía"

Votación de la comisión de control del 9-N, este miércoles en el Parlament.

Votación de la comisión de control del 9-N, este miércoles en el Parlament. / ALBERT BERTRAN

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RAFA JULVE / BARCELONA

El Parlament ha designado este miércoles a los siete miembros de la comisión de control de la consulta del 9-N después de celebrar debate para decidir si se llevaba a cabo la elección. Lo ha hecho con los 86 votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP y tras una acalorada trifulca con el PPC y Ciutadans. Ambos grupos –y el PSC con menos ímpetu- han mostrado su rechazo a que se llevara a cabo la votación al opinar que “no se puede desarrollar una ley que está suspendida por parte del Tribunal Constitucional”. Los diputados de Ciutadans han abandonado incluso el hemiciclo; los del PPC se han quedado pero levantando las manos para mostrar que no votaban y los del PSC tampoco han pulsado el botón.

Los partidos del bloque soberanista han respondido a la actitud del PSC, el PPC y Ciutadans con aplausos por la designación de la comisión de control del 9-N. Una de sus tesis ha sido que la votación no será oficial mientras el presidente de la Generalitat no la ratifique en un decreto. Otra ha sido arremeter contra la “irregularidad democràtica” del Constitucional y, especialmente ERC y la

CUP, insistir en la demanda “de la calle” para que los partidos favorables al derecho a decidir “mantengan su firme determinación”.

INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Para aclarar dudas, los populares y los socialistas pidieron el martes un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que concluyeran si la votación contravenía la suspensión de la ley de consultas dictada por el Tribunal Constitucional. Ese documento apunta en uno de sus apartados que los magistrados suspenden todo acto que desarrolle la ley. Sin embargo, en otro punto avala uno de los argumentos más esgrimidos por CiU. Este consiste en recordar que en alguna ocasión el TC ha permitido que se desplegara una ley suspendida si no contenía medidas "autoejecutivas" y si se trataba solo de actos "preparatorios".

Ese informe ha generado una nueva discusión entre los grupos, cada uno apelando a una interpretación distinta, e incluso el PSC ha solicitado que se leyera el escrito en la Cámara. La presidenta Núria de Gispert, sin embargo, lo ha rechazado y se ha procedido a la votación.

BLANDIENDO EN CÓDIGO PENAL

En unas duras intervenciones, tanto Enric Millo (PPC) como Albert Rivera (Ciutadans) no han dudado en advertir a los diputados del bloque proconsulta que podían estar cometiendo "un delito" estipulado en el Código Penal al participar en la votación. El portavoz de los populares incluso ha avisado que su partido pondrá el acuerdo en manos de la fiscalía por si tiene que actuar contra los parlamentarios que han participado en el acuerdo. Además, el conservador Pere Calvó, secretario de la Mesa del Parlament, ha informado de que no firmará el documento en el que se concreta el resultado de la votación porque no quiere participar en un acto ilegal.

FRENTE COMÚN DEL BLOQUE PROCONSULTA

Las amenazas del PPC y Ciutadans no han amedrentado a los diputados del bloque favorable a la consulta. Además de votar todos a favor de la designación de la comisión, algunos de sus portavoces no han dudado en indicar a los populares que no tienen problema en dar sus nombres o en ser ellos mismos quienes carguen con las supuestas sanciones que se les podrían imponer. 

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LOS CANDIDATOS

Los candidatos propuestos por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP para formar parte de la comisión de control del 9-N son: Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joaquim Brugué, catedrático en Ciencia Política y de la Administración en la UAB; Alfonso González, doctor en Derecho por la URL; Miquel Martín, catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Girona; Marc Marsal, licenciado en Derecho por la UPF; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la UB y Benet Salellas, licenciado en Derecho por la Universitat de Girona.