Jordi Pujol pide «perdón» por ocultar fondos

Bombazo informativo. El expresidente de la Generalitat y fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Jordi Pujol Soley, confesó ayer que había mantenido oculta en el extranjero una parte sustancial de la herencia de su padre, Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana, que no estaba regularizada cuando este murió, en septiembre del 1980. Hacía solo cinco meses que Pujol había asumido el cargo de president de la Generalitat. Según admitió ayer el expresidente, desde entonces y hasta hace pocos días, «lamentablemente» no se encontró «el momento más adecuado» para poner al día ante el fisco esta herencia. Consciente del impacto de la noticia, el propio Pujol explica que expone estos hechos «con mucho dolor» y pide «perdón» a tanta «gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza».

El político nacionalista explica en un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación catalanes que, «finalmente», en estos últimos días los miembros de su familia han regularizado esta herencia, y añade que lo han hecho «con las consecuencias» de nuevo marco legal tras la última amnistía fiscal de noviembre del 2012, con las fuertes penalizaciones de las regularizaciones posteriores. En todo caso, en su comunicado Pujol no facilita el importe de la citada herencia ni tampoco el coste de su regularización. Sin embargo, José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de hacienda Gestha, explicó que la regularización de las cuentas «no conlleva sanción tributaria» al haberla realizado voluntariamente. Pero  deberán pagar intereses de demora desde noviembre del 2012 hasta el momento en el que lo ha declarado.

Pujol explica que hace pública esta información ante las noticias que han ido apareciendo en los últimos dos años sobre los ingresos de su familia y el origen de los mismos, en lo que se interpreta como un intento de exculpar a su familia.

Pujol admite también que ese dinero de su padre depositado en el extranjero tenía un origen poco claro, pero que no rechazó esa parte de la herencia porque su progenitor expresó su voluntad de destinarlo a sus siete hijos y su esposa, Marta Ferrusola. También explica que traspasó «a una persona de máxima confianza de su padre y suya» la gestión de estos fondos hasta que todos los hijos fueron mayores de edad y lo asumió «uno de sus hijos».

Fuentes judiciales apuntaron a este diario que la familia Pujol solo comenzó a movilizarse para regularizar su situación ante Hacienda a raíz de la publicación en El Mundo de la existencia de una cuenta corriente en Andorra en la que en un mes (diciembre del 2010-enero del 2011) la esposa del expresidente de la Generalitat y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) habían realizado 11 ingresos por valor 3,4 millones de euros. Los ingresos se produjeron al margen de otros movimientos económicos realizados en el extranjero por Jordi Pujol Ferrusola (el hijo mayor de Jordi Pujol Soley), que está siendo investigando por la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia presentada por su exnovia Maria Victoria Álvarez.

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CUENTA EN ANDORRA / Fuentes jurídicas aseguraron ayer que la información sobre la cuenta corriente de la familia Pujol en Andorra no aparece en la causa que se sigue contra Jordi Pujol Ferrusola. Hace pocos días, tras la publicación de la noticia, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, sostuvo que no tenía conocimiento de esta cuenta andorrana y que el asunto no estaba judicializado, aunque, según las fuentes consultadas, hay varios informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Otras fuentes añaden que un grupo la Udef investiga cuentas de la familia Pujol en otros paraísos fiscales, como Luxemburgo.

La incógnita es si ahora el caso llegará ante la justicia, aunque es difícil que prospere una actuación penal contra Jordi Pujol al haberse regularizado la situación ante Hacienda antes de abrirse un proceso judicial, y por haber regularizado voluntariamente. En todo caso, Pujol racalcó ayer que se comprometía a comparecer ante las autoridades tributarias y las judiciales «para acreditar estos hechos».