Decisión del GOBIERNO
Pallerols deberá ingresar en la cárcel al no obtener el indulto
El exdirigente de Unió Vicenç Gavaldà también entrará en prisión
El Gobierno ha denegado las peticiones de indulto solicitadas por el empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de organización de Unió Vicenç Gavaldà, condenados, cada uno, a siete meses de cárcel por falsedad y fraude en ayudas destinadas a cursos de formación ocupacional.
En abril del 2013, la Audiencia de Barcelona suspendió el ingreso en prisión de los dos condenados hasta que el Ejecutivo resolviera sobre la medida de gracia. En un principio, ambos ahora deberían entrar en la cárcel. En su día el tribunal declaró a Unió responsable subsidiario en calidad de «participe lucrativo» en el fraude, al constatar que hubo «aportaciones directas del partido», según la sentencia dictada en enero del 2013.
El Consejo de Ministros decidió el pasado 21 de marzo rechazar las dos peticiones de indulto y así se lo ha comunicado el Ministerio de Justicia a la Audiencia de Barcelona.
LA PROVIDENCIA / El tribunal que dictó la sentencia ha acordado que se lleven a cabo los trámites necesarios para el cumplimiento de las penas impuestas. La providencia, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, ya ha sido notificada a los procesados, a la fiscalía y a las otras partes personadas en el proceso.
Antes de que se acordara la suspensión de la ejecución de la condena a raíz de la petición de indulto, la Audiencia de Barcelona acordó el ingreso de Pallerols y Gavaldà alegando que los hechos que se les imputan son de «una incuestionable gravedad» y que la actuación de los reos sería enmarcable en lo que «coloquialmente se viene dando en denominar corrupción política través de una trama organizada». Las condenas se fijaron en su momento tras un acuerdo entre la defensa, la fiscalía y las acusaciones.
Los magistrados destacaron en su fallo del 2013 que ante los «dramáticos índices de desempleo que sufre nuestro país, con continuos recortes por sus gobernantes en servicios sociales» resultaría «hasta obsceno» que desde uno de los poderes del Estado [en referencia a la Justicia] se tomasen decisiones que alentasen o no supusieran un freno a conductas que comportasen un uso indebido de fondos públicos. H
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