La cicatriz política

Diez años han pasado desde que el atentado más sangriento sucedido en Europa sacudiera España. 11-M en Madrid. 191 muertos, más de 2.000 heridos y algunas cicatrices sociales y políticas de lenta cura, pero con cura. El próximo martes el cardenal Rouco Varela oficiará en la capital un funeral de Estado para homenajear a las víctimas de aquel siniestro ataque terrorista una década después. Representantes de todas las instituciones del Estado estarán allí presentes. Incluidos los Reyes, el presidente del Gobierno y algunos ministros y la oposición. Todas las asociaciones de víctimas acudirán a la misa.

Será el primer acto unitario que conmemore el 11-M desde el 2007, el año en que se inauguró un monumento in memoriam en los alrededores de la estación de Atocha. Los enfrentamientos entre políticos y víctimas derivados de aquellos hechos se han suavizado. Hay alguna excepción, claro, pero viene a confirmar la regla. Han necesitado una década para evitar el choque (cosa distinta al acercamiento) en torno al 11-M, pero lo han conseguido. A todos conviene.

En el 2004 , apenas tres días después de la masacre, tuvo lugar en la Catedral de la Almudena un funeral similar (y difícil de olvidar) al que se oficiará el próximo martes. Acudieron, además de las numerosas familias que acababan de enterrar a sus muertos o estaban a punto de hacerlo, representantes de todas las instituciones, jefes de Estado y de Gobierno de 15 países, y miembros de otras casas reales.

Todo estaba preparado. De pronto, un grito desgarrador rompió el solemne silencio con el que se esperaba el inicio del acto religioso. «¡Aznar!: ¡te hago responsable de la muerte de mi hijo!», exclamó un desesperado padre sin moverse de su banco. La zona de la iglesia donde estaban colocadas las máximas autoridades españolas, a la vista de la prensa, se convulsionó. Aznar -que aquel día ya era presidente en funciones- quedó notablemente sobrecogido por lo que acababa de suceder, y fueron su esposa, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, los que trataron de darle consuelo y, finalizado el funeral, le ayudaron a abandonar el recinto cuanto antes. Otro expresidente, Felipe González, improvisó y se encargó de hacer las veces de anfitrión y saludar a los asistentes y mandatarios internacionales, dada la situación.

¿Al Qaeda o ETA?

La anécdota, que también cumple 10 años, sirve para rememorar la tensión que se había instalado en la España del 2004, atemorizada por un atentado que dejó cientos de muertos e indignada, en su mayoría, por la gestión política que se hizo desde la Moncloa de un sangriento suceso que acaeció solo unos días antes de las elecciones generales y que obligó a suspender la campaña electoral en su recta final.

«¿Quién ha sido?, ¿quién ha sido?», preguntaban insistentemente miles de manifestantes que salieron a las calles 24 horas después de los atentados. El todavía presidente Aznar, su ministro del Interior, Ángel Acebes y su portavoz, Eduardo Zaplana, se afanaron en convencer a la opinión pública de que ETA estaba detrás de aquella barbarie. Así se comunicó incluso en las primeras horas a los directores de los periódicos, en un intento de afianzar una tesis que, de haber sido cierta, seguramente hubiera perjudicado en menor medida al PP, que se presentaba a los comicios de la mano de Mariano Rajoy.

Pero Al Qaeda reivindicó el ataque de Madrid con un vídeo enviado a Londres y, por goteo, se fueron conociendo pruebas que apuntaban al yihadismo, por mucho que Aznar se empeñara en señalar a los etarras. Parecía obvio que la presencia española en la guerra de Irak -impulsada meses antes por el jefe del Ejecutivo en contra del sentir general de los españoles- pasaba factura.

En la tarde del sábado 13 de marzo del 2004, jornada de reflexión, el ministro Acebes tuvo que reconocer públicamente que habían sido detenidos varios sospechosos de participar en el 11-M. Eran indios, no vascos. Admitió que se había abierto otra línea de investigación. Cientos de ciudadanos se manifestaron frente a las sedes del PP de todo el país y ya se han convertido en historia las comparecencias de ese mismo día del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. «Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta», dijo, y de Rajoy, el candidato popular: «Pido desde aquí que concluya este antidemocrático acto de presión», afirmó en alusión a las concentraciones que, a su juicio, además de ser «ilegales e ilegítimas», trataban de influir en el resultado electoral. Influyeran o no, lo cierto es que horas después las urnas convirtieron en presidente contra todo pronóstico al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y Rajoy pasó a la oposición, donde tuvo que esperar su turno durante años.

Nueva etapa

Ha pasado el tiempo. Hubo una retirada de tropas de Irak; una comisión de investigación sobre el 11-M y algunos que, como Aznar, insistieron, e incluso siguen defendiendo hoy en día, en que los que planearon aquello «no están en desiertos ni montañas lejanas». El expresidente es de los pocos conservadores que se niegan a aceptar sin matices la decisión que los tribunales adoptaron sobre el caso 11-M. La mayoría de su partido, desde entonces y con Rajoy a la cabeza, decidió cerrar página. El PSOE, también a raíz de la sentencia, dejó de usar la gestión de aquellos atentados para erosionar al PP. Diez años han sido necesarios para cerrar la herida política.