El Govern detecta en un mes 9 leyes recentralizadoras del PP

El Govern de la Generalitat ha detectado nueve leyes del Ejecutivo del PP que se aprobaron o entraron en vigor en diciembre y que refuerzan su tesis de que se está acometiendo un proceso de recentralización «por tierra, mar y aire», como dijo recientemente el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell. La Administración de Artur Mas ya ha llevado algunas de estas normas al Consell de Garanties Estatutàries, que es el paso previo y preceptivo antes de presentar una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Una de ellas es la ley para la mejora de la calidad educativa, conocida como ley Wert. En este caso, el órgano consultivo catalán ya ha dictaminado que se vulneran el Estatut y la Constitución.

La ley de unidad de mercado, la de Administración local y la del sector eléctrico son otros tres textos enviados al Consell de Garanties por el Govern, que sopesa hacer lo propio con la ley de impulso de la factura electrónica, la de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y la del control de la deuda comercial en el sector público. A todas ellas, que entraron en vigor a finales del año pasado, hay que añadir la de los Presupuestos del Estado y la reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones. En estos dos últimos casos, el Govern renuncia a la impugnación porque tiene nulas posibilidades de lograrla. Pero eso no quita que, tras un análisis de fuentes próximas al Ejecutivo catalán, se concluya que tanto esas leyes como las anteriores agreden el autogobierno. 

VARIAS 'CONSELLERIES' / Estas nueve normas afectan al funcionamiento de conselleries como las de Economia, Governació, Ensenyament, Benestar Social, Agricultura y Salut. Muchos de esos departamentos, además, no es la primera vez que se ven inmersos en un conflicto así. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde diciembre del 2011 hasta ahora, el Congreso ha aprobado 59 leyes, de las que alrededor de dos decenas vulneran competencias o recortan el margen de maniobra de la Generalitat,  según los cálculos de fuentes próximas al Govern. Asimismo, entre los 20 proyectos de ley que se están tramitando, tres de ellos podrían incluirse en ese polémico grupo. Son el de parques nacionales, el de acción exterior (limita la diplomacia de las comunidades y obliga a los presidentes autonómicos a detallar sus viajes internacionales) y el de defensa de los consumidores.

La forma en la que se manifiesta más claramente el proceso recentralizador es la invasión competencial. En esa situación están al menos la ley Wert,  la de unidad de mercado, la del sector eléctrico y la de la Administración local. En este último caso cabe recordar que el Govern de Artur Mas ha impulsado una legislación propia que se encuentra en trámite parlamentario y que choca con preceptos de la norma estatal a la hora de regular el funcionamiento de los ayuntamientos.

REGLAMENTACIÓN EXCESIVA / Pero la invasión de competencias no es la única fórmula detectada, sino que hay otras como la aprobación de leyes de carácter básico muy reglamentistas que restringen las posibilidades de actuación de las autonomías.

En ese supuesto se encuentran desde la ley de Presupuestos hasta la que regula el factor de sostenibilidad, así como la de la factura electrónica, la de control de la deuda comercial o la de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

La norma que impulsa la factura electrónica, por ejemplo, puede afectar a la autoorganización de la Administración catalana porque le impone muchas obligaciones, como sucede con la de deuda comercial. De hecho, se producen incluso superposiciones y duplicidades en las obligaciones. Las fuentes consultadas, no obstante, admiten que es muy difícil que prospere un recurso al no haberse impugnado en su día la ley de estabilidad presupuestaria. Tampoco tienen muchas esperanzas de variar la ley de cajas y fundaciones bancarias, con la que la Generalitat pierde competencias sobre las entidades con más actividad fuera de Catalunya que dentro, algo que establece incluso la normativa catalana.