Cadena de errores

Si en Mayo del 68 debajo de los adoquines estaba la playa, que no estaba, esperemos que debajo de la rampa de acceso a los juzgados de Palma esté de verdad la verdad. La infanta Cristina declara como imputada en el caso Nóos para responder a las preguntas que se desprenden del auto de 227 páginas redactado por el juez José Castro.

Entre otras cuestiones, la hija del Rey debería aclarar si, como afirma el juez, «los actos que se imputan a don Iñaki Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa»; si conocía que la sociedad familiar Aizoon SL, participada al 50% por los dos integrantes del matrimonio, pagaba facturas de eventos familiares, como cumpleaños, comuniones o aniversarios; si contrataba y pagaba en dinero negro a los empleados de su servicio doméstico a través de la misma empresa, para la que nunca trabajaron; si creó un sistema de contratación ficticia de personal para acogerse a beneficios fiscales; si sabía que su nombre en la sociedad era «un escudo frente a Hacienda», como aseguró el notario que la constituyó; y, finalmente, como resumen de todo, si Aizoon fue creada «con el deliberado propósito de repartir los beneficios que obtenía ilícitamente» el Instituto Nóos, asociación teóricamente sin ánimo de lucro.

Los abogados defensores de la infanta, así como el fiscal y al abogado del Estado, sostienen que Cristina lo ignoraba todo, que no sabía nada de lo que hacía su marido, y que, en todo caso, nunca participó en la gestión de Aizoon. El fiscal sí que acepta la responsabilidad civil y, en caso de que Urdangarin sea condenado, pide que Cristina devuelva 600.000 euros, la mitad del dinero público que Aizoon ingresó irregularmente.

Esta es la batalla que se libra hoy, pero hasta llegar aquí se han cometido varios errores. Uno de ellos, como declaraban ayer en este diario prestigiosos abogados a Emilio Pérez de Rozas, no haber pactado el acceso de la infanta al juzgado, lo que, unido al circo mediático y a la trivialización informativa, ha convertido a la rampa y a si Cristina la bajará a pie o en coche en el centro de atención durante semanas. Otro error fue no pactar un acuerdo de arrepentimiento previo al juicio por parte de Urdangarin, incluida la devolución del dinero público -seis millones de euros-- ingresado por trabajos ficticios. Eso hubiera evitado el «martirio» de tres años, pero pudo más la sensación de impunidad que nada. Otro error se cometió al imputar a la mujer del socio de Urdangarin, Diego Torres, y no a la infanta. Y otro, al recurrir la primera imputación de Cristina, que insólitamente fue desimputada por la Audiencia, para acabar de nuevo imputada, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, ahora con un acertado cambio de estrategia. No se puede defender al mismo tiempo que la imputación no significa nada y hacer todo lo posible y lo imposible para que no se produzca, como pasó hasta que alguien decidió que lo mejor era comparecer ante el juez.

Esa comparecencia ha llegado. La infanta y sus abogados no lo tienen fácil. Pero el acto de hoy era inevitable. Como cantaba Serrat en Sinceramente tuyo, «nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».