INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO PAGO DE COMISIONES EN UNA EMPRESA DE LA GENERALITAT

Exculpado el diputado de CiU Ferran Falcó por el 'caso Adigsa'

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J. G. ALBALAT
BARCELONA

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha archivado el proceso judicial contra el diputado de CiU Ferran Falcó por presunta malversación de fondos y supuesto cobro de comisiones en la etapa en la que presidió la empresa pública Adigsa. El caso volverá de nuevo al juzgado de instrucción que inició la investigación, donde se decidirá qué hacer con el resto de encausados. El alto tribunal señala en su auto que no hay «ningún indicio probatorio» contra el político. La exculpación despeja la vía para que vuelva a repetir como candidato nacionalista a la alcaldía de Badalona, ciudad de la que  es concejal.

La investigación contra cuatro exaltos cargos de Adigsa durante los gobiernos de Jordi Pujol, además de constructores e intermediarios, se inició en el 2005 tras una querella de la Fiscalía de Barcelona y se reactivó a principios del 2013. El pasado mayo, la magistrada del TSJC Núria Bassols, instructora del caso, interrogó como imputado a Falcó, que fue presidente de la empresa pública entre el 2002 y el 2004. La fiscalía sostenía que durante ese periodo se abonaron presuntamente comisiones de hasta el 20% para la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación de viviendas de Adigsa. El diputado negó el cobro o pago de comisiones. Las pesquisas también abarcan la supuesta sobrevaloración de pisos comprados por la empresa de la Generalitat.

GRAN VOLUMEN DE TRABAJO / La magistrada destaca en el auto de archivo que Adigsa era una empresa con un gran volumen de trabajo que, en esa época, tenía unas 75.000 viviendas de promoción pública y protección oficial, lo que conduce «a la imposibilidad de presumir» que el presidente de la compañía «habría de conocer, o en su caso, participar, en las irregularidades» que se investigan. La resolución incide en que los trámites administrativos en entredicho (la adjudicación a determinados constructores de obras de rehabilitación) eran responsabilidad del entonces consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, uno de los imputados, y no llegaban nunca al presidente.

La jueza concluye que «no se han encontrado indicios» de que Falcó, defendido por el abogado Xavier Melero, «fuera conocedor de ningún sistema de contratación irregular», dado su perfil institucional como presidente de Adigsa. Por lo tanto, añade, tampoco podía ser conocedor de la actividad que desarrollaba el intermediario que supuestamente cobró  comisiones y otros acusados.