02 abr 2020

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Análisis

El corto plazo

Javier Pérez Royo

La responsabilidad política como consecuencia de la responsabilidad penal. Esta es la estrategia del Partido Popular en el caso Bárcenas. Tanto el presidente del Gobierno como el portavoz del grupo parlamentario del PP la explicitaron con claridad en el debate celebrado ayer. Únicamente la existencia de hechos probados en sede judicial puede desencadenar la exigencia de responsabilidad política en sede parlamentaria. Como en el caso Bárcenas no hay todavía «hechos probados», la exigencia de responsabilidad política carece de sentido.

Una estrategia de esta naturaleza es imbatible en el corto plazo, si se dispone de mayoría absoluta. De acuerdo con ella, en ningún momento de la presente legislatura se le podrá exigir al presidente del Gobierno responsabilidad por ninguna de las irregularidades destapadas por el extesorero del PP. En los dos años largos de legislatura que quedan es prácticamente seguro que no habrá «hechos judicialmente probados» en la pieza separada de los papeles de Bárcenas abierta en la sede nacional. En consecuencia, tras el pleno de ayer, el presidente del Gobierno puede pensar que podrá agotar la legislatura.

Pienso que este era el objetivo con que el presidente y su grupo parlamentario acudieron a la comparecencia de ayer. De lo que se trataba era de desplazar la exigencia de una eventual responsabilidad política a un momento en el que previsiblemente él ya no sea presidente del Gobierno. Este es el único horizonte con que el Gobierno trabaja en este momento. No dar explicaciones y convencer a la opinión pública de la propia posición, sino ganar tiempo en la confianza de que la campana sonará antes de que se hayan establecido los «hechos judicialmente probados».

Desde esta perspectiva, parece claro que la estrategia dio el resultado apetecido. El Gobierno salió vivo de la comparecencia y puede irse de vacaciones con un debate parlamentario en el que se impuso la tesis de la subsidiariedad de la responsabilidad política respecto de la responsabilidad penal, que puede justificar incluso que en el futuro el grupo parlamentario popular haga uso del mismo para bloquear iniciativas de control parlamentario de la oposición.

El precedente no puede ser más perverso desde una perspectiva democrática. La subordinación de la política a la investigación penal supone un retroceso de siglos en la evolución del sistema político. La separación de la responsabilidad política de la responsabilidad penal se produjo en el tránsito del Antiguo Régimen al Estado constitucional como fórmula para hacer posible un debate político abierto a través del cual la sociedad pudiera autodirigirse políticamente a través de sus representantes. Ese fue el primer paso que hizo posible que el sistema político que nace a partir del Antiguo Régimen se acabara convirtiendo en un sistema democrático. Es una separación clave en la constitución de una cultura democrática, sin la cual se produce el vaciamiento de las instituciones representativas.

Me temo que ayer se dio un paso decisivo en esta dirección.