El juez exige a Hacienda una aclaración "comprensible" del error sobre la infanta Cristina

El juez José Castro reprueba la actuación de la Agencia Tributaria en un duro auto en que le exige aclaraciones sobre el presunto <strong>error</strong> cometido en el informe sobre los bienes de la infanta <strong>Cristina</strong> en el marco de la investigación del 'caso Noos'. "Se echa en falta que la propia Agencia Tibutaria no haya emitido a este juzgado un nuevo informe rectificando el anterior en aquellos extremos en que advirtiera no ajustarse a la realidad y explicando de manera comprensible y documentada las razones a que obedece la disparidad", dice el magistrado en su resolución. Lamenta haber sabido del presunto error por los medios de comunicación e insta a la Agencia Tibutaria a remitir un nuevo informe aclaratorio. Ademas de los 13 bienes imputados por error a la hija del Rey, subraya Castro el olvido de una venta que sí se produjo, la del piso de Pedralbes que compartió con su familia antes de mudarse al palacete de Elisenda Pinós.

Tampoco entiende el magistrado el comportamiento del fisco ante la información que presuntamente obraba en sus dependencias. "Los datos que sobre tales transmisiones ha venido disponiendo la Agencia Tributaria desde el año 2005 se han tenido hasta ahora como aparentemente válidos", apunta el juez para concluir que "hubiera podido conducir a iniciar alguna actuación inspectora o de comprobación en relación con esas supuestas transmisiones que se predicaban realizadas por doña Cristina de Borbón tanto en orden a determinar un supuesto incremento patrimonial como para esclarecer el origen de esas propiedades que supuestamente transmitía y que, de haberla abordado hubiera abocado, cuando menos, a la detección del fallo".

La declaración de Torres, aplazada

En el auto, Castro descarta la comisión de un delito por parte de la infanta y de Iñaki Urdangarin en cuanto a las contrataciones fraudulentas de personal en Aizoon por razones de cuantía y de imposibilidad de aplicar el Código Penal con retroactividad, dado que la modificación legislativa que las contemplaría data de julio del 2012 y las actuaciones investigadas son anteriores. Por problemas de agenda de su letrado, Castro traslada la declaración del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, del 3 al 11 de julio.