El Gobierno confia en ahorrar 37.700 millones con la reforma de las administraciones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al macroinforme con el que se pretende reducir las administraciones públicas, mejorar su eficacia, y eliminar los frecuentes trámites burocráticos al que tienen que someterse ciudadanos y empresas.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha revelado en la rueda de prensa posterior que solo teniendo en cuenta la "racionalización de estructuras", es decir, el adelgazamiento de la Administración, más las medidas aplicadas a los empleados públicos (reducción de salarios, días libres, y eliminación de puestos de trabajo), así como la reforma de los ayuntamientos (ya cuantificada en 8.000 millones) el conjunto de las administraciones ahorrarán 37.700 millones de euros. El Gobierno prevé suprimir o fusionar 57 organismos, entes o fundaciones y centralizar trámites a través de internet. Eso sí, esta cifra tan elevada de ahorro es supuesta, puesto que el Gobierno ha incluido en ella lo que supondría cerrar todos los defensores del pueblo autonómicos, los tribunales de cuenta, las agencias de meteorología y el resto de organismos que incluye en la lista de duplicidades y que considera que deben ser suprimidos.

Ahorro ciudadano

En este cómputo se incluye el ahorro de las administraciones, que desde aquí al 2015 será de 6.500 millones, y la inyección que recibirán los ciudadanos --16.300 millones de euros-- gracias a medidas como el ahorro en desplazamientos, la tramitación de cada instancia de manera electrónica...

La vicepresidenta ha dado dos cifras más para cuantificar el ahorro, desvelando así el secreto mejor guardado desde que el miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comenzó a desvelar las grandes líneas de la reforma. Según Sáenz de Santamaría, de "presupuesto a presupuesto", es decir, comparando las cuentas del 2011 con las que el Gobierno prevé aprobar en el 2015, se ahorrarán 17.500 millones de euros.

Órgano de vigilancia

Otra de las novedades anunciadas este viernes hace referencia a la creación de la oficina para la ejecución de la reforma de las administraciones que, "con coste cero", se encargará de vigilar el cumplimiento de dicha reforma. Al frente de esa oficina estará Angelines Trigo, inspectora de Servicios de la Administración General del Estado y con rango de subsecretaria, y "una de las personas que más ha trabajado" en la reforma, según la número dos del Ejecutivo.

Este organismo elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis exhaustivo y global sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer para cumplir con el macrodocumento aprobado hoy.

Sin despidos

Por otra parte, el Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a los empleados públicos, al asegurar que, pese a que el informe prevé la eliminación de hasta 90 observatorios y empresas públicas, y que la mitad de los 37.700 millones de euros procederá del ajuste en el capítulo de gastos de personal, esto no va a suponer nuevos despidos.

"Estas reformas no las hacemos para reducir plantillas en el sector público [...]. El ajuste duro ya se ha hecho", ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que acompañaba a la vicepresidenta en la rueda de prensa. Para no destruir empleos, se creará una "bolsa de trabajadores" con los empleados procedentes de las empresas que se cierren, fusionen o adelgacen, que se destinará a cubrir los puestos que se necesiten en otras administraciones.

Criterios comunes

Estos compromisos no afectan a los asesores, que sí se reducirán al implantarse "criterios homogéneos" en todas las administraciones, de forma que no se supere un cierto tope en función del tamaño de la empresa pública o institución.