Cristina se escuda en su intimidad para no dar al juez los datos del IRPF

La infanta Cristina se ha escudado en el derecho a la intimidad para no entregar al juez José Castro sus últimas 10 declaraciones de la renta. Al igual que su marido, Iñaki Urdangarin, la hija del Rey ha recurrido la decisión del magistrado que instruye elcaso Nóos.En un escrito de 14 páginas, la defensa de la infanta alega la «ausencia de motivación» del juez, es decir, que no ha justificado los motivos que le llevan a practicar la diligencia solicitada por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.

«La aportación a la causa de las declaraciones del IRPF de nuestra defendida supone una injerencia en su derecho fundamental a la intimidad, consagrado por el artículo 18.1 de la Constitución», alega el recurso que los abogados de Cristina presentaron ayer. Y para reafirmar su tesis, la defensa aporta jurisprudencia del Constitucional, que en el 2001 falló que «en las declaraciones se ponen de manifiesto datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los sujetos pasivos».

A juicio de los abogados de la infanta, el juez no ha expuesto «ni una sola razón por la que la diligencia acordada sería oportuna». Una medida de este tipo, añaden, «solo puede acordarse [...] ante la existencia de sólidos indicios de criminalidad. De lo contrario, nos encontraremos ante una vetada investigación prospectiva, en la que las restricciones de derechos fundamentales no superan el test de la ponderación».

FIRMA DE LOS CÓNYUGES / Uno de los motivos alegados por Manos Limpias para practicar esta prueba fue la comprobación de si las declaraciones llevaban la firma de los dos cónyuges del matrimonio. «Es público y notorio que SAR Doña Cristina de Borbón y su esposo están sujetos al régimen de separación de bienes y efectúan sus declaraciones por separado [...]. Por tanto, no existe firma de ambos cónyuges en declaración alguna del IRPF», sostiene el recurso, que apunta a una estrategia oculta en la solicitud de la acusación popular: intentar que esta documentación se adjunte y llegue a la Audiencia Provincial de Palma para que sea tenida en cuenta, el próximo 20 de mayo, a la hora de deliberar si la infanta Cristina debe declarar como imputada ante el juez Castro.