Fernández Díaz justifica que dos comisarios ajenos al 'caso Palau' quisieran entrar en la investigación

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha cerrado filas este mediodía en torno a los dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía que el pasado 29 de octubre se reunieron en Barcelona condos fiscales anticorrupción, a los que solicitaron, según la versión de los fiscales,participar en la investigación del 'caso Palau' sin aportar nuevas pruebas que justificaran su incorporación a las pesquisas.

En los pasillos del Congreso y a la preguntas de periodistas, el ministro ha asegurado que la entrevista se realizó en un clima de absoluta “normalidad” y que “no hay que buscar los tres pies al gato”. Según Fernández Díaz,la entrevista fue solicitada por los comisarios para presentar y poner a disposición de los fiscales una nueva unidad de análisis, que depende directamente de Asuntos Internos. Durante el encuentro, según el ministro, los dos comisarios aprovecharon para poner a disposición de los fiscales esa unidad especializada enun tema “tan complejo”como el de la investigación del 'caso Palau'.

Registro de la sede de CDC

Lo que no contó el ministro es lo que añaden los fiscales, y es que los comisarios, sin aportar ningún tipo de nueva prueba, salvo comentar que tenían datos relevantes aportados porconfidentespróximos a los dirigentes de Convergència, destacaron quesería importante registrar la sede de Convergència Democràtica de Catalunya.

El martes, tanto Fernando Bermejo como Emilio Sánchez Ulled negaron rotundamente a este diario la versión facilitada por el ministro. Y reiteraron quelos comisarios pidieron “registrar la sede de Convergència”sin aportar ni una sola nueva prueba.

Una petición quelos fiscales descartaron, ante la ausencia de nuevas pruebas, y de la que informaron oficialmente al juez que instruye el 'caso Palau', Josep María Pijuan, y al fiscal jefe anticorrupción, Pedro Salinas.

La reunión, de la que no tuvo conocimiento en ningún momento el director general de la policía, Ignacio Cosidó, como sí ha reconocido el ministro, contó con el visto bueno del director adjunto de la Policía, el comisario Eugenio Pino. Fernández Díaz restó importancia a que no tuviera constancia Cosidó de un tema que definió como “delicado”.

En otro momento de su conversación con los periodistas, Fernández Díaz insistió en la necesidad de que el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas Aranda, visitara a los fiscales porque, según el ministro, “cuando una autoridad judidicial encarga a un cuerpo policial que siga unas investigaciones, y después cambia, cuando afecta a la Policia, siempre se hace una gestión para saber si ese cambio, a los Mossos, obedeció a algún fallo operativo”. Es decir, que según el ministro, el juez del 'caso Palau' relevó a la policía de la investigación y los comisarios fueron a preguntar qué había pasado.

Mossos y policías

Lo que ocurre es que los hechos sucedieron justamente al revés. Es decir, la investigación del 'caso Palau'la iniciaron y siguen en ella los Mossos d'Esquadra, Pero fue el fiscal anticorrupción y el propio juez quienes encargaron con posterioridad a laUnidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigara el destino de los millones que salieron del Palau de la Música. Una investigación en la que sigue trabajando la UDEF, que por cierto, haste hace muy poco dirigía el otro comisario que asistió al encuentro, José Luis Olivera, actual director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).

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Fuentes del ministerio también han reconocido que de esa polémica reunión tampoco tenían conocimiento ni el actual comisario de la UDEF, Manuel Vazquez, ni el de la policía judicial, José García Losada. Dos comisarios que sí participan actualmente, junto a los Mossos d'Esquadra, en la investigación del 'caso Palau'.

Querella de Manos Limpias

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias ha presentado este miércoles una querella contra los dos fiscales a los que acusa de obstruir la investigación del 'caso Palau'. Manos Limpias da por buena a la versión dada por los comisarios y filtrada por el sindicato SUP, en el sentido de que los dos fiscales no quisieron dar por buenos los datos que aportaron los comisarios para registrar la sede de CDC, porque “el juez no estaba por la labor, en época electoral”.