La investigación de las cajas

Con la que está cayendo, todos deberíamos aplaudir la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre la gestión de los bancos y las cajas de ahorro catalanas reestructuradas en los últimos años, que han impulsado ICV-EUiA, ERC, Ciutadans y Solidaritat. Es decir, el impulso ha salido de los partidos pequeños y con escasa o nula responsabilidad de gobierno ni posibilidad de alcanzarlo en un futuro próximo. Una iniciativa a la que los socialistas se suman sin entusiasmo, mientras que CiU y PP la contemplan con suma desconfianza.

Esperemos que, por el bien de la salud moral del país, no termine como aquella comisión de investigación sobre las encuestas manipuladas, inventadas y/o patrimonializadas por el Govern de la Generalitat en la última etapa delpresidentPujol, que convergentes y socialistas enterraron antes de que empezara a actuar para evitar que se airearan las vergüenzas de unos y otros (en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo equipo de gobierno también hurtaba al conocimiento de la oposición las encuestas pagadas por todos los ciudadanos).

Confiemos en que la iniciativa del Parlament sirva de acicate para que se constituyan en las Cortes y en la Asamblea de Madrid las correspondientes comisiones de investigación sobre el escándalo de Bankia, porque tiene delito que, mientras se prepara una ley de transparencia, se niegue el escrutinio de lo que ha ocurrido en la cuarta entidad financiera de España, hoy nacionalizada, con el socorrido argumento de «ahora no toca».

Los partidos grandes quieren circunscribir la investigación del Parlament a las entidades que han necesitado ayuda pública para sobrevivir. Eso dejará fuera la investigación del papel de las cajas en el fomento y posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de su responsabilidad en los desahucios o del escándalo de las participaciones preferentes.

En cualquier caso, esperemos que la comisión no nos defraude y aclare qué pasó para que unos cargos -presidentes y consejeros de cajas- pasaran de ser honoríficos y no retribuidos a cobrar sueldo, incluso antes de que el tripartito -sí, el tripartito- lo autorizara por ley en el 2005. También debería aclarar si hay o ha habido pensiones de oro para los responsables actuales o pasados que dejan sus puestos. Y explicar por qué los consejeros en empresas participadas, en representación de las cajas, cobran suculentos sobresueldos por esa segunda actividad como si estuvieran en esos cargos a título personal. O la práctica de prejubilar empleados con pensiones de oro con el beneplácito sindical mientras la legislación promueve que se alargue la edad de jubilación para el común de los mortales.

Realmente, trabajo no le faltará.