El Gobierno rechaza que la Generalitat gestione el 0,7% del IRPF

El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, ha señalado este miércoles que "no es razonable" laterritorialización del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta (la casilla destinada a los fines sociales) como reclama la Generalitat de Catalunya en función de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dado que el actual sistema "sirve razonablemente al interés general y asigna de manera sensata y eficaz los recursos".

Ante la pregunta del portavoz de CiU en el Congreso,Josep Antoni Duran Lleida, en la sesión de control al Gobierno, sobre si piensa respetar dicha sentencia, el jefe del Ejecutivo ha echado unjarro de agua fría sobre lasaspiraciones catalanas. "Creo que el sistema actual de pactar, de acordar, entenderse y actuar en la conferencia sectorial, con lealtad institucional y respeto a las competencias de las comunidades autónomas, ha funcionado bien", ha manifestado Rajoy, quien además ha recordado que en el 2009 se estableció un procedimiento consensuado con las comunidades autónomas, apoyado por la propia Generalitat de Catalunya.

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Rajoy ha considerado, además, que el fallo judicial anula una orden del Gobierno pero no "por una cuestión de fondo o competencial, sino procedimental". "Por tanto, no dice que el reparto haya que hacerse como usted dice", ha reprochado a Duran.

"Clamor social" en Catalunya

Asimismo, ha destacado que los programas sociales no son solo autonómicos, sino también de entidades locales o de ámbito nacional que también tiene derecho a beneficiarse las asignaciones que los contribuyentes pagan a través de esta casilla de la declaración de la renta.

Previamente, Duran ha denunciado que en Catalunya "se produce una gran injusticia" puesto que, a su juicio, paga por un 16% de la población un 25% de los recursos y ha recordado que la territorialización del 0,7% es un "clamor social de las asociaciones que hacen una gran labor social de esos recursos".

La advertencia sobre la ley de consultas

También durante la sesión de control, y ante una pregunta de la diputada de UPD Rosa Díez sobre la ley de consultas catalanas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha alertado de que si dicha norma se aprueba y vulnera la Constitución, el Gobierno "hará cumplir la Constitución, por medio de un recurso al Tribunal Constitucional (TC)".

La vicepresidenta ha recordado que "laConstitución tiene dos límites que las consultas populares autonómicas no pueden rebasar": las autonomías necesitan autorización del Estado para convocar referendo y que las consultas populares no pueden exceder del ámbito de las competencias de las autonomías o de los ayuntamientos. Por ello, ha reiterado que tanto si esa ley se aprueba, como si en su aplicación se excede la Constitución, "el Gobierno hará cumplir la Constitución y acudirá al TC".

La líder de UPD se ha mostrado muy crítica con la ley de consultas, que en su opinión solo pretende "confrontar legitimidades y chantajear al Estado". "Los nacionalistas son insaciables, pero no están locos", ha espetado a la vicepresidenta.