El PSOE se remite a los técnicos para decidir el futuro del Valle de los Caídos

A pesar de que la economía centre el debate electoral, la ley memoria histórica puede también ser de nuevo motivo de disputa partidista. La comisión de historiadores que busca convertir el Valle de los Caídos en un lugar que promueva la reconciliación, tal como exige la ley, tiene que emitir su veredicto antes de finales de octubre. Sin esperar sus conclusiones, el PP ha desvelado que pretende reabrir al turismo el mausoleo si gobierna, tal como publicó ayer EL PERIÓDICO. Por contra, el PSOE y los grupos de izquierda exigen a los conservadores que, si Mariano Rajoy se convierte en presidente, se comprometa a cumplir el dictamen de una comisión cuya composición ya fue consensuada en su momento y que integra miembros de distintas ideologías.

Fuentes del PP confirmaron que Rajoy no derogará la ley, pero cumplirá solo los preceptos que el PP apoyó. Entre otros, el que prohíbe que en el Valle de los Caídos se celebren manifestaciones en favor del dictador. Esto no está reñido, en su opinión, con las visitas turísticas a un mausoleo que alberga la tumba de Francisco Franco, pero también la de miles de republicanos enterrados junto a su verdugo sin el permiso de sus familiares.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida, Iniciativa y Esquerra lamentaron la indefinición del programa electoral del PP aunque ya tenga tomadas decisiones, como la del futuro de este mausoleo, con el fin de captar «a su electorado más reaccionario», en palabras de Gaspar Llamazares (IU). La izquierda minoritaria, no obstante, carga las tintas también contra el Gobierno del PSOE por haber dilatado la resolución sobre el Valle de los Caídos cuatro años, salvo su cierre al turismo para evitar desprendimientos.

CALENDARIO / El republicano Joan Tardà, que se mostró «triste, indignado y frustrado» ante las pretensiones de los conservadores, desveló que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, le ha asegurado que la comisión concluirá sus trabajos antes del 20-N. Tardà exigió al Gobierno que, como última contribución a la causa, «ejecute» este veredicto antes de la cita electoral, «con el fin de que el PP tenga más difícil deshilvanar lo aprobado».

IU e Iniciativa desconfían de que Zapatero tome una decisión tan complicada con un calendario tan ajustado, mientras que fuentes de Presidencia recuerdan que los asuntos que puede aprobar el Ejecutivo en campaña están muy delimitados. De hecho, el socialista Daniel Fernández reconoció que la presentación del informe técnico «tiene que ser por fuerza después del 20-N».