Mas, inflexible con los recortes, defiende un impuesto a los ricos

El presidente del Col·legi de Metges de Barcelona y asesor del president en materia sanitaria, Miquel Vilardell, que califica de «inasumibles» los nuevos recortes salariales para los médicos; la asesora de la Generalitat para políticas sociales, Teresa Crespo, que alerta de que reducir la prestación de la renta mínima ahonda el pozo de los excluidos, y los miles de indignados que rechazaron los tijeretazos presupuestarios en junio tienen desde ayer más claro que nunca que el Govern de la Generalitat, con Artur Mas al frente, no dará ni un paso atrás. Esta es la primera constatación del discurso de ayer del president -seco, casi desafiante y sin concesiones a la lírica- con el que se abrió el debate de política general.

La otra evidencia es que Mas combinó en su discurso esa inflexibilidad con lo que CiU califica de anzuelos lanzados a las izquierdas en busca de acuerdos parlamentarios. Tres ejemplos: el apoyo a un impuesto que grave a las grandes fortunas, la posición favorable a discutir la dación en pago para saldar las hipotecas y la voluntad de consensuar una posición común en favor del pacto fiscal para Catalunya.

La pretensión del Govern era mostrar convicción en pro de los recortes pero ofreciendo luces de esperanza hacia el futuro. De lo primero hubo mucho. La confianza, pese a que Mas la intentó dibujar al comienzo, quedó absolutamente eclipsada por toda una primera parte de la intervención que, pese a que llamaba a combatir el miedo, pareció más bien inocularlo. El president avisó de que las alternativas a las medidas de austeridad son la bancarrota, la destrucción del Estado del bienestar o una intervención de la Unión Europea. Calificó a quienes critican los recortes de demagógicos, minoritarios e hipócritas. En este último adjetivo empaquetó, sin citarlo, al tripartito («quienes conocen la situación en la que nos encontramos»).

En su justificación, argumentó que con menos dinero se puede mantener el «núcleo» del bienestar en escuelas, hospitales y centros sociales. Y lo hizo despachando con brevedad polémicas como los recortes en la renta mínima -motivados por una «importante bolsa de fraude» que nuevamente no cuantificó-

o el tijeretazo sanitario -argumentando que el gasto real del 2010 era «insostenible-.

Según la indisimulada intención del Ejecutivo, esta firme defensa de las medidas de contención del gasto quedó supuestamente compensada con guiños a la izquierda. A saber, el punto de vista favorable de la Generalitat a un impuesto sobre las grandes fortunas. Un tributo que para Mas tiene un valor «pedagógico» más que recaudatorio. El 87% de los ciudadanos son partidarios de subir los impuestos a grandes fortunas, según el barómetro del GESOP para EL PERIÓDICO publicado ayer.

El objetivo del Govern será reclamar en Madrid que el impuesto se implante en toda España paras evitar agravios entre comunidades. En caso de no prosperar esta vía, la Generalitat podría emprender dos caminos: crear el tributo -opción que genera una gran dificultad técnica- o usar el tramo autonómico del IRPF para subir este impuesto a las rentas más altas.

No en vano, el president confirmó que de entrada no reducirá el tipo máximo del IRPF en Catalunya, situado en el 49% decidido por el tripartito. Eso sí, calificó de «única excepción», la decisión fulminante de su Govern de suprimir el impuesto de sucesiones. Puestos a ver gestos hacia la izquierda y en concreto al PSC, Mas puso como ejemplo a seguir el pacto alcanzado por el gobierno socialdemócrata alemán con la oposición de derechas en el 2003, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambas fuerzas.

FRENTE COMÚN / El capítulo de las propuestas concretas incluyó otro anzuelo progresista, la voluntad de establecer un protocolo que frenar los desahucios y la pérdida de la vivienda en caso de impago de la hipoteca. Eso y una regulación para evitar que los intereses de demora de las hipotecas vayan más allá de lo decente.

Mas reservó para el final el diagnóstico de las relaciones con España. Sin épica excesiva, lanzó una propuesta de consenso político para reivindicar en Madrid el pacto fiscal como condición previa a todo apoyo a la gobernabilidad. Pero, más allá de admitir la dificultad del empeño, obvió dar respuesta a un interrogante: Si el PP alcanza la mayoría absoluta y no requiere de apoyos, ¿qué futuro tendrá esta reivindicación?. El president optó por fijar la responsabilidad en Catalunya: «No hagamos responsables a los demás de nuestras frustraciones».