Hay medidas alternativas

La misión de los políticos no es la de gustar a todo el mundo… sino la de tomar decisiones para el bien colectivo y hacer una buena gestión. En tiempos de crisis, las administraciones públicas plantean recortar algunos de sus servicios y los emolumentos de sus funcionarios y empleados. A nadie le gusta que le reduzcan el sueldo. Se entiende el enfado y la presión para mantener su estatus. Esto, en el caso de esos trabajadores, pasaría por aumentar impuestos y tasas a los contribuyentes o, alternativamente, por más endeudamiento -si se encuentra-, cada vez más caro y que sería pagado por los contribuyentes. Cierto que los trabajadores del sector público también pagan impuestos con lo que, en parte, se pagan a sí mismos.

A los contribuyentes que no son funcionarios la congelación de sus salarios también les duele, pero bastante más perder el empleo y, aún más, agotar las prestaciones por desempleo sin una colocación en perspectiva. En buena lógica simpatizan con la protesta del funcionariado, pero piensan que sus problemas son mayores, más profundos y duraderos, debido a que están más dispersos, tienen menos cobertura sindical y su situación tiene componentes de incertidumbre que no se dan en el sector público.

Para cualquier ciudadano es un motivo de satisfacción que le traten con profesionalidad y atención en un ambulatorio, poder renovar el carnet de conducir por correo o realizar trámites con celeridad en dependencias públicas, que sus hijos reciban una buena educación en las escuelas públicas y tener acceso a equipamientos sociales. Se siente seguridad cuando la policía detiene a los delincuentes y el transporte público funciona a la perfección. El ciudadano sabe que hace falta una buena administración pública, hay que pagarla bien y darle los medios adecuados a su función. Pero no quiere que drene recursos que van prioritariamente a su propio funcionamiento. Por lo mismo, no entiende cómo pueden aumentarse los niveles administrativos y que la productividad de algunos departamentos sea ínfima. Les sorprendería más saber que, según la encuesta de población activa del primer trimestre del 2011, el número de horas semanales efectivas trabajadas por los asalariados del sector público fue de 36, la más alta desde el 2008, mientras los del sector privado hicieron 36,8, los trabajadores por cuenta propia 44,1 y los empleadores 47,3 horas.

Otro tipo de ajuste

Probablemente hay formas de recortes sin perjudicar a los trabajadores del sector público y sin aumento de cargas a los contribuyentes. Por ejemplo, reducir las plantillas de los ayuntamientos que se inflaron con la burbuja inmobiliaria, eliminar ayudas y subvenciones que aún da el Gobierno para actividades sin retorno alguno, eliminar vehículos para altos cargos en todos los niveles administrativos, aumentar algunas tasas reales como las matrículas de la enseñanza superior, eliminar prestaciones cosméticas, simplificar la normativa y, especialmente, privatizar servicios públicos que el sector privado puede hacer a menor coste dentro de la regulación y supervisión de las administraciones.