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La lucha contra el terrorismo

El último cigarro de 'Txeroki'

El exjefe de ETA ordenó por escrito a los comandos que denunciaran «falsas torturas» si eran detenidos

MAYKA NAVARRO
MADRID

Mikel Garikoitz Aspiazu, alias ’Txeroki’, entonces jefe militar de ETA, el día de su detención en la localidad francesa de Cauterets, el 17 de noviembre del 2008. / GUARDIA CIVIL

Obsesionado por su seguridad y por la de los comandos que tutelaba, Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido como Txeroki, no sabía que su último cigarro fumado en libertad, la tarde del 17 de noviembre del 2008, estaba siendo grabado por unos guardias civiles de información. Ese día, como siempre, el terrorista deambuló hasta dos horas por los alrededores de su escondite en Cauterets, una localidad al suroeste del Pirineo francés, antes de entrar en su domicilio. Nunca daba un paso sin confirmar que no lo seguían. Pero ese día se equivocó. A las pocas horas, varios agentes franceses, con la información aportada por la Guardia Civil, detuvieron al entonces jefe militar de ETA mientras dormía, armado, con su compañera, Leire López Zurutuza.

Txeroki era entonces el responsable de los comandos operativos de ETA y tenía especial predilección por el comando Elurra, el que perpetró el atentado de la T-4 de Barajas y que supuso la muerte de dos personas y la rotura de la tregua.

«Dañar al enemigo»

Entre la documentación incautada a Txeroki, los investigadores descubrieron sus amargas críticas a la dirección política de ETA, liderada por Javier López Peña, Thierry. Pero en estos días en los que la Audiencia de Guipúzcoa juzga a 15 guardias civiles acusados de torturar a los miembros del comando Elurra Igor Portu y Matti Sarasola, han vuelto a salir a la luz los documentos de Txeroki en los que alababa la estrategia de denunciar torturas falsas para debilitar a las fuerzas de seguridad. «Las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo están en buen camino [...]. Es la estrategia que hay que seguir ante las caídas. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo [...], siempre hay que denunciar torturas y nunca ratificarse ante el juez». El documento ya aparecía en la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos etarras por el atentado de la T-4.

La fiscalía pide tres años de cárcel para dos de los 15 guardias civiles, dos años para otros dos y 10 de localización permanente para seis más. Por su parte, la acusación particular solicita penas de entre 6 y 17 años de prisión para todos ellos. Los acusados declararon que las heridas que presentaban Portu y Sarasola eran consecuencia de un «violento forcejeo» durante su arresto, mientras que los etarras mantuvieron el martes la versión de que fueron torturados.