Memorias de La Pedraja

Rafael Martínez Moro, contratista de obra pública y presidente de la agrupación socialista de la localidad burgalesa de Briviesca, tenía 42 años cuando el 19 de julio de 1936 fue detenido en su pueblo y trasladado a la prisión central de Burgos. De ahí salió el 3 de octubre en una camioneta junto con otras 10 personas para encontrarse con un pelotón de fusilamiento y una zanja en el llamado paraje de La Pedraja, en el municipio de Villafranca de Montes de Oca. Allí se encuentra una de las mayores fosas con restos mortales de la guerra civil, un osario de 26 metros de largo y 2,3 de ancho que solo ahora ha podido empezar a ser exhumado gracias al empeño de un grupo de familiares de víctimas encabezados por Miguel Ángel Martínez Movilla, nieto de aquel contratista de Briviesca asesinado hace 74 años.

«Se dice que en La Pedraja puede haber entre 300 y 400 cadáveres

-relata Martínez Movilla-, pero esas son cifras que se basan en testimonios diversos y que no han sido contrastadas. Nuestra agrupación tiene constancia, con nombres y apellidos, de la presencia de 51 personas de la zona de Briviesca y de otras 61 de Miranda de Ebro y de La Rioja. Con seguridad hay entre 110 y 120 cuerpos, pero puede haber más».

Después de años de investigación sobre la sangrienta represión que el bando franquista llevó a cabo en la zona, los tres primeros días de trabajos de exhumación ya han permitido sacar a la luz los restos de entre 65 y 70 personas asesinadas en los primeros días de la guerra civil. El grave deterioro que la humedad y la acidez del terreno han causado en los cadáveres dificultará mucho las labores de identificación, que se llevarán a cabo en los laboratorios que tiene en San Sebastián la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad presidida por Paco Etxebarria, el forense experto en el levantamiento de fosas que dirige la exhumación de La Pedraja.

Martínez Movilla reconoce que la colaboración de los habitantes de los municipios situados en los alrededores del ominoso paraje ha sido«escasa», y lo atribuye al hecho de que en su día muchos vecinos de la zona fueron obligados a cavar las zanjas para enterrar a las víctimas. Menos justificación encuentra al hecho de la que la ley de memoria histórica deje en manos de los familiares la búsqueda de sus muertos.«A las administraciones-dice con pesar- les preocupa muy poco este tema».