Maricarmen y el IPC al 4,9%

El domingo titulé mi artículo: "La señal de alerta del 4%" (respecto al IPC y el coste de la deuda a diez años). Un amigo me tachó de alarmista. Pero en septiembre el IPC ha subido, no ya al 4,3% de agosto sino al 4,9%. Hace un año era del 3% y en febrero, antes de la guerra de Irán, el 2,3%. El culpable está claro, el alza del petróleo -un 70% en lo que llevamos de año- por la guerra de Trump.

Pero las consecuencias ya las estamos pagando todos. Y eso pese a que el Gobierno ha lanzado tres paquetes -el último el martes- con reducción de impuestos sobre los carburantes que tendrán un coste hasta final de año de unos 12.000 millones. Se frena así algo el IPC (pese al 4,9%), pero con más déficit público. El problema es que, aunque esta vez nuestro déficit está mejor que el de otros (3% frente al 5% de Francia), si la guerra continúa no podremos seguir bajando mucho más los impuestos para paliar el alza del petróleo.

El coste de la deuda española a diez años ya ha pasado del 3,1% de antes de la guerra al 4,1%. Y lo preocupante es la tendencia mundial. El bono americano a 30 años llegó el martes al 5,61%, máximo en un cuarto de siglo, y el de 10 años (5,28%) no era visto desde la gran crisis del 2007. Los tipos de interés del BCE y la Reserva Federal subirán algo más, lo que castigara a todas las economías. El euríbor, con el que se calculan nuestras hipotecas, ya ha saltado del 3%. No hay que ser alarmistas, pero ignorarlo sería suicida. Lo de Trump -y más si no es castigado en las elecciones del 3 de noviembre- acabará mal. Para todos.

Y en este contexto España tiene que abordar una gran crisis de la vivienda. El problema de fondo es que ni el Estado ni las autonomías han hecho vivienda pública (mucho menos que en otros países) y ha habido grandes obstáculos (uno, la ley del suelo) a la construcción de vivienda privada. Y como las unidades familiares están creciendo mucho (no solo por la inmigración), según el Banco de España nos faltan unas 750.000 viviendas. Y para 'trampear' el problema se han ido tomando medidas proteccionistas del inquilino (socialmente comprensibles), pero ignorando el problema de fondo: que construir pisos exige leyes adecuadas, dinero y, aún más, tiempo.

Ahora, el caso Maricarmen (desahucio a una anciana de 87 años sobre el que la pyme buitre ha tenido que hacer marcha atrás) fuerza a tomar medidas. El Gobierno ya lo intentó en primavera, pero por maximalistas (exigencia de Sumar) no fueron aprobadas en el Congreso porque Junts y el PNV, que saben que los pequeños propietarios no son el problema sino parte de la solución, las rechazaron.

Ahora el Gobierno ha aprobado dos decretos que no son ninguna maravilla, y solo bordean la cuestión de fondo, pero sí pueden ser paliativos. En el primer decreto -un 'parche' diverso- Sumar ha acabado aceptando cesiones a las posiciones del PNV y Junts y el Gobierno cree que podrá ser aprobado en el Congreso. Pero no será fácil. Un cálculo es que ya hay 171 votos en contra y -si Junts y Podemos también rechazan el decreto- solo 168 a favor. La decisión la tiene pues Junts -que ha obtenido contrapartidas- porque los cuatro diputados de Podemos no querrán ser los únicos culpables de que -votando junto al PP y Vox- el decreto decaiga. Puigdemont, ahora ya con más que media amnistía en el bolsillo, vuelve a ser decisivo.

El segundo decreto quiere convertir todos los contratos de alquiler en indefinidos. Es un asunto muy complejo. Lo exigen Sumar, Podemos y los sindicatos de inquilinos, pero merece un debate mucho más a fondo y muy posiblemente no será aprobado en el Congreso. Pero si el primer decreto sale, el Gobierno habrá demostrado que es “un enfermo grave con una mala salud de hierro”. Que mal, pero resiste. Si, por el contrario, los dos decretos son tumbados, el Gobierno habrá entrado en su fase final.

Mirando a medio y largo a plazo, el problema no es fácil de resolver. En la realidad actual (muy poca vivienda pública) exige saber compaginar bien dos derechos: el derecho a la vivienda que proclama la Constitución y el derecho a la propiedad privada, esencial para construir y alquilar viviendas. Aquí, como en la educación, se necesitan la pública, la concertada y la libre. Y sin superar los dogmatismos no habrá solución.

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