Protejamos a Maricarmen, pero también a Júlia

Después de una semana de estupor, Maricarmen vuelve a casa. Maricarmen es una inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el acomodado barrio del Retiro, en el centro de Madrid. Pero por ese piso solo pagaba 500 euros. El alquiler de mercado en esa localización se sitúa entre 3 y 4 veces por encima. ¿Cómo es posible? Maricarmen residía en la vivienda como inquilina bajo un contrato que pertenecía al régimen conocido como renta antigua: alquileres firmados bajo una ley de la dictadura franquista. En particular, una ley vigente durante el periodo 1964-1985. Una regulación de alquileres muy agresiva: la congelación de alquileres total y prórroga forzosa de contratos que acabó con el decreto Boyer de 1985. El alquiler de renta antigua de Maricarmen lo firmó en su día su padre. Tras la muerte del padre, su esposa pasó a ocupar su lugar como inquilina; y, cuando esta murió en 2005, el contrato pasó a su hija Maricarmen. Como es lógico, la familia de Maricarmen ha querido aprovechar esa renta antigua todo lo que ha podido. Y han hecho bien. El problema no es de la familia de Maricarmen, es de la ley.

Esa legislación liquidó el mercado de alquiler en España, porque los propietarios fueron desapareciendo. Pónganse en el lugar del propietario, cada año recibes la misma renta, mientras todo sube de precio. Tu piso esta “secuestrado” pues tienes que prorrogarlo forzosamente (varias generaciones). E incluso en una situación de impago, la legislación española es muy proteccionista con el inquilino. De hecho, los desalojos para algunos son inquiocupaciones para otros. A nadie le sale a cuenta alquilar un piso en un mercado así. Los propietarios dejaron sus viviendas vacías o las vendieron. Mientras en 1950 España era un país de inquilinos, en 1990 España era un país con un mercado de alquiler privado que apenas superaba el 10% de las viviendas. Habitualmente se nos olvida que sin propietarios que pongan su vivienda en alquiler, no hay pisos que alquilar. El mercado de alquiler no se recuperó hasta después de la burbuja inmobiliaria y por un mal motivo, porque no se podía acceder a la propiedad.

Una parte de la extrema derecha ha recordado con nostalgia esa ley franquista. Ya saben ese “con Franco se vivía mejor” que ha calado en algunos de nuestros jóvenes. Pero el 'match' curioso es que una parte de la izquierda defiende la regulación de alquileres y la prórroga forzosa de contratos como medida para el mercado actual. Por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas, Podemos o Sumar. En la ley de Vivienda ya hay una regulación de alquileres que ya aplica, desde 2024, Catalunya. Desde hace tiempo se viene reclamando que los contratos sean indefinidos.

Las prórrogas forzosas no son una buena idea. El contrato indefinido solo tiene sentido tal cual se plantea en países como Reino Unido, Alemania o Finlandia (curiosamente los ejemplos que citan el Sindicato de Inquilinas, pero sin explicar todo el contexto). En estos países el contrato indefinido da seguridad al inquilino, pero al propietario le da seguridad jurídica: tras dos meses de impagos, se desaloja (en España tardamos dos años y ahora se pretende impedir); la renta se pueda actualizar a la evolución del mercado cada año; y avisando con unos 4 meses de adelanto, la vivienda se pueda recuperar para hacer frente a una situación personal o familiar. Ahí el contrato indefinido no tiene problemas. Seguridad para todos.

Lo contrario es proteger al inquilino hoy, como esa ley estuvo protegiendo a Maricarmen hasta que la dejó tirada, pero desprotegiendo a Júlia, Sofia, Martina, Lucía y María. Es decir, a las potenciales inquilinas, con nombre de generación Z, que irán a buscar un piso y no lo encontrarán o lo encontrarán tan 'blindado' que no podrán acceder a él. Ellas son invisibles y la calle no las ayudará.

Necesitamos viviendas sociales para que el Estado cubra los desalojos como el de Maricarmen sin depender de los valores sociales de ninguna empresa. Necesitamos leyes que faciliten la construcción para que los precios y alquileres no suban producto de la escasez. Y necesitamos un mercado de alquiler donde todos estén seguros. Pero esto no es un titular fácil, rápido, barato y con rédito político.

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