España, a la espera de reconocer a Palestina como Estado

La noticia no debería ser que España vaya a reconocer a Palestina como Estado, sino que no lo haya hecho todavía, cuando ya hace 10 años que el Parlamento nacional votó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a dar el paso. En todo caso, bienvenido sea el anuncio del presidente del Gobierno, afirmando que el reconocimiento se producirá antes del verano.

Para intentar enmarcar adecuadamente la significación de una decisión política de ese signo interesa saber que en ningún caso será el primer gobierno en tomarla. De hecho, ya hay 139 países (de los 193 miembros de la ONU) que lo han hecho, incluyendo a nueve que son asimismo miembros de la Unión Europea. Quiere eso decir que España (y los demás que faltan) llega tarde a una cita histórica que tendría que haberse producido hace mucho, pero que se ha ido retrasando para no molestar a Israel, lo que implica concederle derecho de veto sobre decisiones propias en política exterior, sin obtener nada a cambio. Y cuando, además, cuenta con una opinión pública mayoritariamente alineada con la causa palestina desde hace décadas.

Cierto es que, sin perder la interlocución con Israel, los sucesivos gobiernos españoles han sabido labrarse una buena imagen internacional en el espacio euro-mediterráneo, lo que otorga margen para absorber las consecuencias de un paso que será de inmediato criticado por Tel Aviv. Igualmente, el reconocimiento de Palestina no va a suponer (sino más bien al contrario) un coste político interno para el gobernante que finalmente decida concretar lo que, de momento, es solo un futurible. Aun así, tanto bombo y platillo sobre lo que el Gobierno español dice que va a hacer acaba inevitablemente por crear una equivocada imagen sobre lo que supondrá, en realidad, oficializar el reconocimiento. Porque, más allá de los titulares que terminarán por acaparar la noticia del día que se anuncie, en términos prácticos y a corto plazo, nada sustancial va a cambiar.

Desgraciadamente, la práctica totalidad de los gobiernos occidentales llevan meses (años, si se tiene en cuenta que el problema no empezó el pasado 7 de octubre, con el ataque de Hamás) instalados en una inane política de gestos, que no va a acompañada de hechos en consonancia con los lamentos y las condenas que ya se han convertido hace mucho tiempo en una letanía monocorde que se agota en sí misma. Y el reconocimiento de Palestina- por muy deseable que pueda ser- no se sale de esa política de gestos, que suele ir acompañada del deseo de celebrar algún tipo de conferencia internacional de paz (¿con quiénes?) y del apoyo genérico a la existencia de dos estados en la zona.

Evidentemente, España, por sí sola, no tiene peso específico suficiente para provocar un verdadero cambio de tendencia sobre el terreno. Pero, si quisiera ir más allá de los gestos -entendiendo que lo fundamental ahora no es formalizar antes o después la estatalidad palestina, sino lograr un alto el fuego duradero y hacer que la ayuda humanitaria llegue a las víctimas, así como lograr que Israel cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante-, está en sus manos pasar a los hechos. Puede, por ejemplo, suspender de inmediato no solo las relaciones con Israel en materia de defensa, sino en todos los ámbitos del comercio y de la inversión; sin olvidar la opción de sumarse a la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). Puede, asimismo y dentro de la UE, forzar medidas similares en el marco del Acuerdo de Asociación con Israel. Hechos, no gestos.

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