Acelerar y acertar en las rehabilitaciones

El problema de la vivienda no es nuevo. La escasez de soluciones habitacionales, por utilizar el moderno eufemismo, es un fenómeno estrechamente vinculado al desarrollo industrial y a las migraciones masivas del campo a la ciudad que dio lugar en muchas metrópolis al surgimiento de nuevos barrios improvisados. Estos se caracterizaban en la mayoría de casos por la insalubridad y la escasez de servicios –que progresivamente se han ido corrigiendo– y por las construcciones de dudosa calidad. Algo que recoge el propio concepto de casas baratas que servía para referirse a muchas de esas barriadas. Desde sus inicios, muchas de esas edificaciones presentaban severas deficiencias estructurales tanto por lo que se refiere a las técnicas constructivas, muchas en desuso, como a la naturaleza de los materiales utilizados. Estas deficiencias se han ido acentuado con los años generando problemas de seguridad en los mismos. Y no puede decirse que siempre hayan recibido atención por parte de las administraciones, que en muchos casos eran responsables de las mismas.  

Recientemente, el caso de las viviendas del barrio de El Raval de Badalona, tras el derrumbe mortal y el desalojo masivo –después de que las inspecciones técnicas hubiesen avalado el presunto buen estado de los edificios– resulta muy ilustrativo al respecto. Y en paralelo está el caso del barrio de Els Merinals de Sabadell, donde desde hace tres décadas los vecinos denuncian la existencia de deficiencias estructurales en las 170 viviendas de protección oficial y la insalubridad y el abandono del barrio. El conflicto viene de lejos y aunque ya en 1992 un informe de Adigsa determinó que las viviendas debían ser rehabilitadas otros informes paralelos alegaban la necesidad de llevar a cabo inspecciones más detalladas. El resultado ha sido un retraso de décadas hasta que en 2021 el Col•legi d’Arquitectes de Catalunya evaluó las deficiencias de los edificios y decretó su necesaria rehabilitación algo que, según las previsiones, se hará efectivo antes de 2026. No obstante, persisten dudas respecto de cómo hacer frente al coste de la rehabilitación, ya que a pesar de que la mayor parte de la obra se financiará a través de fondos públicos, los vecinos deberán asumir alrededor de 900.000 euros y no todos están en condiciones de hacerlo. Otra cosa, sin embargo, son las deficientes condiciones de salubridad del barrio, aquejado de plagas de ratas y de cucarachas que siguen sin resolverse porque el ayuntamiento y la Generalitat no se ponen de acuerdo respecto a cuál es la Administración competente. Es así pese a que la rehabilitación incorpora una partida de 2,7 millones de euros a cargo de la Generalitat destinados a mejorar el entorno.

La demora resulta inaceptable teniendo en cuenta que lo que ha estado en juego todos estos años ha sido la seguridad de los moradores, una circunstancia que les ha provocado una enorme angustia, no solo por las incomodidades sino por el temor a lo que pudiera suceder. Es la incertidumbre que también denuncian los habitantes de los bloques desalojados en Badalona, así como los afectados por el reciente incendio en València. Urge, por tanto, que la Administración sea más diligente en sus políticas de rehabilitación de viviendas deficitarias y más eficiente en la prevención a través de la inspección, sin que ello resulte paralizante. 

La demora en las obras de actualización de inmuebles es inaceptable y pone en juego la seguridad de los residentes.