La Unión Europea pasa a economía de guerra

En el muy enrarecido clima de inseguridad que se vive en el continente europeo hay expresiones, como economía de guerra, que no se pueden mencionar a la ligera. Vladimir Putin ha decretado que Rusia ya está en esa situación, una vez que, tras la frustrada operación relámpago que había imaginado para dominar Kiev, se ha convencido de la necesidad de poner todas las capacidades nacionales al servicio de sus pretensiones imperialistas en el marco de un conflicto prolongado que no se limita a Ucrania. Y ahora, a través de un artículo de prensa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acaba de hacer lo propio en vísperas de la cumbre europea celebrada esta misma semana, al reclamar que los miembros de la Unión Europea “debemos pasar a una economía de guerra”.

Un marco de esas características implica, en primer lugar, un aumento sustancial de los presupuestos de defensa. Se estima que en 2022 Rusia ya dedicó unos 80.000 millones de euros a su defensa, un 4,1% de su PIB, y que el pasado año ese capítulo ya suponía un tercio de su presupuesto nacional, acercándose al 7% de su PIB. Por su parte, ese mismo año, los Veintisiete dedicaron un total de 240.000 millones de euros a ese capítulo, aumentando un 6% respecto al año anterior y afanándose por cumplir con el objetivo de llegar cuanto antes al 2% del PIB, lo que lleva a calcular que el incremento en 2023 ha sido de un 12%. Unas tendencias que, con Ucrania al fondo, se retroalimentan en una secuencia de desconfianza mutua entre Moscú y Bruselas que auguran mayores aumentos futuros.

En esa línea, ya se está registrando una bien visible preparación ciudadana, con declaraciones oficiales que apuntan a la gravedad de la amenaza que representa Moscú (aunque no siempre se cite expresamente), así como una secuencia de propuestas y decisiones políticas que incluyen la ampliación o recuperación del servicio militar obligatorio en algunos estados, la aprobación de la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa, la aprobación de nuevos fondos y la posible emisión de eurobonos conjuntos para financiar el rearme, y hasta la carta de 14 jefes de Estado y de Gobierno (entre los que no está España) reclamando flexibilidad al Banco Europeo de Inversiones para que también pueda financiar proyectos en ese campo.

Pero es que el paso a una economía de guerra, si finalmente se asume plenamente su contenido, va mucho más allá hasta implicar la definitiva securitización no solo de la agenda exterior de la UE sino también de la vida nacional de sus estados miembros. Supone, por un lado, volver a caer en el error de pensar que la posesión de más armas se traduce en mayor seguridad, como si no estuviera claro que la seguridad propia no puede lograse a costa de la inseguridad de los vecinos. Y, por otro, se traduce en una abierta subordinación de todas las manifestaciones de la vida social, política y económica a los imperativos de la seguridad y la defensa. En términos más concretos, conlleva por definición menores niveles de libertad, tanto individual como colectiva, sometidos al omnipotente imperativo de las razones de seguridad nacional. Y sirve igualmente tanto para reordenar la actividad de las empresas, para que pasen a fabricar obligatoriamente productos que alimenten la maquinaria militar, como para acallar voces críticas, acusadas de debilitar la moral nacional.

Eso, la total reordenación de las prioridades nacionales y comunitarias, es lo que viene si se impone el mantra securitario dominante. A la carrera.

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