Prisioneros de las prisiones

Ningún gobierno puede pretender que muera un funcionario de prisiones y nadie asuma ninguna responsabilidad. Ningún sindicato puede pretender que la inminencia de unas elecciones le permita confundir sus legítimas reivindicaciones y su exigencia de responsabilidades con la posibilidad de determinar la políticas en un servicio público que corresponden al poder político, legislativo y ejecutivo.

Que la política penitenciaria debe estar orientada a la reinserción es un mandato constitucional. No un capricho del secretario de política penitenciaria ni de la consellera de Justícia. Que la política penitenciaria es más cara e ineficiente cuando es meramente punitiva no es buenismo sino un postulado que defienden los tories británicos. Eso es lo que está en juego estos días en Catalunya. La corriente general es apoyar ciegamente a los funcionarios para desgastar al gobierno de Aragonès. Es legítimo, pero los que aspiren a gobernar o los que han gobernado deben elegir muy bien sus compañeros de viaje. 

Los funcionarios de prisiones tienen derecho a que les expliquen qué fallos hubo en el sistema y en los protocolos para que asesinasen a Nuria. Tienen derecho a exigir que si la Constitución exige políticas de reinserción y el Parlament está a favor de la justicia restaurativa tienen que dotarles de los medios humanos y materiales para llevarlo a cabo. Y tienen derecho a exigir interlocutores creíbles. Por eso, si realmente son consecuentes con su papel, deberían aceptar la mediación que ha ofrecido el Colegio de Abogados. En caso contrario, demostrarían muy poca habilidad y darían la razón a los que les acusan de querer aprovechar la situación solo en beneficio propio. Como no es así, lo lógico es que se sienten y negocien. Y esa pista de aterrizaje les ayudaría a ganar credibilidad en una sociedad que, mayoritariamente y en silencio está de acuerdo con su constitución a pesar de que los únicos que se dejen oír son los que vociferan contradiciéndola. 

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