La movilidad, a la deriva

Lo acontecido hace pocos días durante el Mobile World Congress obliga a reflexionar sobre la eficacia de las decisiones que se vienen adoptando en el campo de la movilidad urbana. A medida que termina la jornada en el recinto ferial, los congresistas se van incorporando a una interminable cola de más de media hora de la que esperan salir en un taxi rumbo a su hotel. Así un día tras otro, y no es el primer año que pasa. Desgraciadamente, esta escasez de taxis no solo se produce cuando hay grandes eventos, lo cual ya sería grave de por sí: locales y visitantes sufren impotentes la falta de vehículos en las horas punta de los días laborables, los fines de semana, de madrugada, etc. 

Las administraciones que, en Catalunya, han tomado cartas en el asunto lo han hecho desde una posición harto cuestionable. Somos muchos los que pensamos que se protege en exceso a unos, mientras que a otros se les dispensa una indisimulada animadversión. Y que conste que no se cuestiona el buen servicio que ofrece el taxi. Pero lo cierto es que los grandes olvidados de toda esta historia y, por ende, los más perjudicados son los usuarios. Si se les tuviera en cuenta, a ellos y al interés general, se estarían tomando decisiones radicalmente distintas. 

La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho mella en este sector y en muchos otros. Sirva como ejemplo la consolidación del 'delivery', un servicio que antaño solo ofrecían las pizzerías y que, ya desde antes de la pandemia, permite acceder, ahora a través de aplicaciones, a un sinfín de propuestas gastronómicas para todos los gustos y bolsillos. Muchos restauradores que maldijeron el cambio de hábitos lo han terminado asumiendo y, tras adaptar su operativa, ofrecen el doble servicio (el consumo 'in situ' y a domicilio). Pues bien, la desafortunada reacción del consistorio barcelonés ha consistido en crear nuevas y onerosas cargas que, cuando entren en vigor dentro de un año, pondrán en jaque la continuidad de este complemento para la restauración tradicional. En su momento, la Autoritat Catalana de la Competència –voz autorizada donde las haya– destacó la falta de necesidad, proporcionalidad y eficacia de la medida; el ejecutivo local hizo oídos sordos y ahora tendrá que justificar su actuación ante los tribunales. 

Y es que, tal y como ha advertido la justicia comunitaria, el proceder de nuestras administraciones con relación a las empresas de VTC resulta palmariamente contrario a los principios de la economía de mercado que preside la Unión Europea. En esta hostilidad hacia la llamada economía de plataforma, se aprecia incluso un deje ludista: se hostiga a las empresas que pretenden implantarse en Catalunya para que, asfixiadas por innumerables trabas, se rindan y se vayan por donde han venido. Todo ello ante la incomprensión de unos ciudadanos cuyas legítimas aspiraciones no encuentran respuesta por parte de estos mismos gobernantes.  

Hace mucho tiempo que Barcelona demanda más licencias de taxi y también otras maneras de moverse. Se necesita una nueva regulación que, sin hundir el sector tradicional, permita el crecimiento de las empresas de VTC. La ciudadanía lo reclama, la justicia europea lo impone.