Apunte
Interinos desde hace 30 años
Ha vuelto a ser la Justicia Europea la que ha declarado como inadmisible lo que ninguna autoridad española se atrevía a cuestionar
Sentencia de Europa sobre los interinos: qué supone y a cuántos trabajadores públicos afecta
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Una persona que trabajaba todos los veranos, desde octubre de 1994, en el servicio de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid, sin tener un contrato fijo. Otra, empleada en la universidad a distancia UNED como encargada de producción de vídeo desde febrero de 1994 con igual precariedad. Y una más, que desde diciembre de 1998 trabajaba para la Agencia de Atención Social de la Comunidad de Madrid con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más le iba a durar el contrato.
Es posible imaginar la cara de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus deliberaciones antes de emitir sentencia sobre el abuso en las contratación temporal de las administraciones públicas españolas, a partir de los casos particulares de estos tres interinos con hasta 30 años de precaridad acumulada en sus puestos de trabajo. Como en tantas otras ocasiones -relacionadas a menudo con la protección a los clientes bancarios y a los titulares de hipotecas- ha tenido que ser la Justicia europea la que, una vez más, ha sacado los colores a la regulación española y a los tribunales nacionales por la desprotección de los ciudadanos. Menos mal que al menos un de ellos se decidió a trasladar sus dudas al de Luxemburgo.
El problema, ahora, es cómo encauzar la sentencia europea que, según una primera interpretación, podría obligar a convertir en fijos a casi un millón de interinos de larga, larguísima duración. Es un varapalo en toda regla. A partir de este momento han de ser los tribunales españoles y el Gobierno quienes decidan cómo llevar a la práctica la sentencia del TJUE para cada uno de los cientos de miles de trabajadores interinos. Muchos de ellos están embarcados en las 'macrooposiciones' que se empezaron a convocar hace un año para estabilizar más de medio millón de puestos de trabajo. Otros, que no las han aprobado, ya han sido indemnizados por un despido cuya procedencia podría ser cuestionada ahora por la sentencia europea. Demasiada incertidumbre, incluso para quienes llevan enlodados en ella en los 30 últimos años.
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