A favor del impuesto de sucesiones

Junts per Catalunya acaba de desempolvar una vieja reivindicación y exige al Govern una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones, que es lo mismo que suprimirlo. La intrahistoria de Junts con este impuesto es curiosa y contradictoria a la vez. En 2011, Artur Mas anunció solemnemente su eliminación tras ser investido, y en 2020 Quim Torra, de su mismo espacio político, lo subió coincidiendo con la pandemia. No parece casual que Junts reclame de nuevo su supresión, ahora que quiere parecerse cada vez más a la CiU de donde proviene. Más allá de los vaivenes ‘juntaires’, está claro que este impuesto es, desde hace décadas, un caballo de batalla ideológico de una cierta derecha catalana, que ve en este tributo una síntesis de todos los agravios contra Catalunya. Junts tiene razón en que el impuesto no es homogéneo, puesto que hay otras comunidades que ni siquiera lo tienen, pero lo que sucede es que quien también contribuyó a esta discriminación fue el propio Junts cuando el propio Quim Torra lo subió, o cuando formando parte del Ejecutivo no lo quiso tocar. Eran aquellos tiempos no tan lejanos en que los exconvergentes pretendían no tener ideología más allá del soberanismo.

Con el ‘procés’ en horas bajas, la tesis convergente para eliminar el impuesto de sucesiones se basa en un agravio territorial (donde es más duro es en Catalunya) y en una pretendida injusticia: se trata, dicen, de una doble imposición encubierta, puesto que el mismo patrimonio sobre el que se gravó a los padres se vuelve a gravar a los hijos. El argumento es llamativo, pero es falaz, puesto que se grava en realidad a dos personas diferentes, aunque sean de la misma familia. En realidad, la ofensiva contra este impuesto quiere esconder su verdadera (y noble finalidad): es uno de los pocos recursos que tiene el Estado de derecho para luchar eficazmente contra la desigualdad, uno de los mayores factores de desestabilización en nuestra sociedad. Los más ricos tienen que asimilar que el momento de la trasmisión es el más justo para redistribuir la riqueza. Para entender la justicia de este impuesto bastan dos datos demoledores: solo uno de cada cuatro catalanes tiene que abonar este impuesto, y solo un 6% tributa más de 10.000 euros. En el fondo, toda la retórica contra el impuesto de sucesiones viene enmarcada en una ofensiva general en contra de cualquier fiscalidad, inspirada en aquel neoliberalismo primitivo de Reagan y Thatcher, que quería hacernos creer que bajar la tributación dinamiza la economía. Porque la pretensión última de los bajadores de impuestos no es erradicar una injusticia sino dejar al Estado famélico y sin recursos, para que el capital privado campe libremente a sus anchas. Es el “cuanto menos Estado, mejor” que han abanderado últimamente figuras tan lejanas pero tan cercanas como Trump, Milei o Ayuso, pero que en realidad es el credo de la derecha de toda la vida. A medida que Junts vaya abandonando la imposible independencia, veremos como emerge en su interior una nueva derecha catalana, que en realidad es muy vieja.

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