La transición del campo

Esta semana hemos visto la revuelta del campo, un grito por su supervivencia. Los agricultores sufren como nadie los efectos de la sequía, el ahogo de la burocracia y un aumento de costes que no pueden repercutir completamente en sus ventas. La mayoría de estas cuestiones me resultan familiares. Documenté los más de 1.740 documentos anuales que durante mi vida profesional he tenido que presentar a la administración, hecho que exige tener una persona dedicada solo a esto. También sufrimos el efecto del aumento de los costes de la energía y de las materias primas sin poder repercutirlos en los precios. La consecuencia fueron dos años con pérdidas de consideración, que pusieron en peligro la empresa. Todo esto hoy se ha superado gracias a una estrategia decidida por cambiar el mercado y una inversión que ha necesitado ingeniería financiera para poderse hacer.

Explico esto porque entiendo lo que pasa en el mundo del campo, y estoy convencido que solo se podrá resolver con un cambio de modelo.

Mi bisabuelo fabricaba papel a mano y mi abuelo también, hasta 1918. Fabricaban 60 kg cada día durante 16 horas porque vivían en el molino de Banyoles. Si hoy pongo precio al papel que se fabricaba de aquella forma con los costes actuales, tendría que ser superior a los 0,67 €/m². Mi abuelo aprendió a construirse las máquinas de papel y, con tres hijos, consiguió poner en marcha una fábrica que la hacían ir de forma discontinua: ahora hago la pasta, ahora la refino, ahora la pongo en la máquina de papel... porque solo tenían un motor eléctrico que iban trasladando. Hacían unos 6.000 kg/día de un papel de baja calidad, con trapos de algodón que ahora tendría un coste de unos 0,13 €/m². Hoy, la fabricación de 80.000 kg/día de papel tisú de calidad requiere fabricar con cuatro turnos en continuo como mínimo de unas 45 personas, y su coste es de 0,02 €/m². ¿Dónde estuvo el cambio? En la industrialización, pasar de la artesanía a la fabricación con maquinaria. Los seis molinos de papel de Banyoles cerraron. El camino continúa y todavía hoy la empresa tiene que crecer con más valor añadido para poder soportar el exceso de burocracia y para poder competir con productos que vienen de China, Indonesia y Turquía en el mercado internacional. La estrategia ha sido fabricar productos diferentes, con más valor sostenible.

El campo está atrapado por la sequía que lo ha desangrado y ahora tiene que diseñar un plan estratégico que le permita sobrevivir. Este plan seguramente quiere decir abandonar los cultivos con poco valor añadido, ganar dimensión cuando se pueda, y dedicarse a mercados nicho donde pequeñas explotaciones todavía puedan vivir. Esto, a menudo, requiere inversiones, tanto para comprar fincas para ganar espacio, como en regadío, superando formas antiguas de riego. Y es aquí donde la administración tiene que ayudar, primero acompañando al campo para hacer su plan estratégico, después modernizando infraestructuras de riego y, finalmente, encontrando soluciones financieras con amortizaciones a muchos años, para que puedan ejecutar sus planes, que serán de riego y también de generación de energía. Todo ello hace pensar que es un camino donde las pequeñas explotaciones no lo podrán hacer solas, donde habrá que agrupar esfuerzos en nuevas cooperativas con suficiente economía de escala para que puedan hacer el camino. No será fácil.

Otro problema del que se quejan es el de la competencia desleal. Difícilmente se conseguirá que no vengan productos de otros lugares. Ahora bien, una cosa distinta es que aquí las exigencias en tratamientos fitosanitarios sean muy elevadas y los productos que vengan de fuera no lo tengan que cumplir. Esto mismo nos pasa en la industria, donde tenemos costes derivados de las emisiones de carbono y del cumplimiento del reglamento químico «REACH», y nuestros competidores internacionales no los tienen. También hace falta que la UE incorpore la tasa de carbono al precio del transporte por mercancía: se habrá acabado enviar flores y fruta en avión. Pero, como esto lo he trabajado, os avanzo que la UE no ve nada claras estas limitaciones: es lenta y miedosa.

En cuanto a la burocracia, esto ha llegado al colmo de lo que se puede soportar. La administración no para de exigir más y más control de cosas que le parece que hacen avanzar a la sociedad. La última, esta semana: hemos visto cómo se quiere exigir un plan de igualdad LGTBI a las empresas de más de 50 trabajadores, que sigue al plan de igualdad de género y al canal de denuncia que se implantaron el año pasado y hace dos años, respectivamente. La administración ha enloquecido con la burocracia, se cree que lo puede pedir todo y que esto no afecta a las empresas. Es de tal magnitud el desastre que ella misma se bloquea porque no tiene suficientes medios para resolver la documentación que pide. Solucionarlo pasa por hacer bases de datos transversales, por no tener que pedir cada vez los mismos documentos, otorgar permisos con declaración responsable, externalizar las inspecciones a empresas privadas y hacer una revolución de la administración integral, cambio que es incapaz de hacer sola. Se necesita que una empresa especializada en administración dicte rediseñarla como es debido.

Nos queda finalmente el problema de los precios de venta. La solución del sector primario pasa para vender lo más directamente posible. Ya hay ejemplos de venta en línea, pero no son capaces de generalizarse. El caso más claro es el de la Corporación Guissona con BonÀrea, que ha sido capaz de integrar gran parte de la producción en la venta directa con un modelo diferente al del resto de distribuidores. Con 6.202 personas trabajando, tienen una facturación del campo a la tienda de 2.822 millones, con un margen bruto de 114,5 millones, un 4%, y unos beneficios de 69,36 millones. La alternativa a producir entre toda la cadena alimentaria de distribución seguramente exige un margen bruto del 8%.

A todo esto hay que añadir que el modelo de engorde del cerdo, con una producción de carne de dos millones de toneladas cuando el consumo catalán es de 79.000 toneladas, un 3,95%, no es sostenible en la situación de sequía y de costes energéticos actuales y tenderá a bajar de forma importante, sobre todo el día que se incorpore el canon por el uso de agua a la agricultura.

El campo, la administración y el resto de sectores de la economía se enfrentan a cambios profundos en los próximos años, a medida que los efectos del cambio climático vayan avanzando. La solución no es acabar con la Agenda 2030, sino acelerarla. Y esto significa también diversificar la actividad tradicional con la energética, sea con fotovoltaica, eólica, forestal o biometano. Todo está por hacer.

Suscríbete para seguir leyendo