La salida del 'procés', en el laberinto

Las definiciones de terrorismo son tan variadas y diferentes como lo son las circunstancias que en cada momento se daban cuando se definió el fenómeno. Hay muy sólidas descripciones aprobadas por las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, contenidas en las legislaciones nacionales y en variados ensayos, aproximaciones y trabajos académicos. Hay una definición de terrorismo en el diccionario de la RAE que incluye tres aceptaciones, forzosamente genéricas e insuficientes cuando se trasladan a casos concretos. La historia está llena de organizaciones y personas que en su día fueron consideradas terroristas y luego dejaron de serlo (el caso de Menájem Beguin, militante del Irgun, uno de los más conocidos). Como en tantos otros apartados del derecho, lo que hoy se antoja negro al correr del tiempo se tiene por blanco y viceversa.

A propósito de la amnistía que propone el Gobierno para liquidar la herencia del procés a la mayor brevedad y, de paso, dar aire a la mayoría de la investidura, se ha alentado un debate laberíntico, animado en primera instancia por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón -colateralmente, por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre-, que ha rescatado del archivo cuanto concierne al conocido como Tsumani Democràtic, jaleado por la oposición e invocado por Junts para devolver a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el texto de la ley de amnistía previamente pactado con el Gobierno. Con sus declaraciones públicas e iniciativas en el juzgado, García-Castellón ha dado pie a que se ponga en duda su imparcialidad; con su salida de pata de banco, Junts da la impresión de haberse disparado un tiro en el pie.

La multiplicación de declaraciones desafortunadas a ambos lados de la doble divisoria -la que separa al Gobierno y adláteres de Junts y la que separa a Gobierno y oposición- contribuye a la desorientación. Sucede lo mismo con el lío de los dos informes redactados por el fiscal Álvaro Redondo: en el primero vio razones para seguir investigando si Carles Puigdemont incurrió en un delito de terrorismo y en el segundo no, se supone que inspirado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y finalmente rechazado por la junta de fiscales del Supremo. Sumido todo ello en una suerte de carrera de obstáculos, con la campaña de las elecciones gallegas a un lado y la posibilidad de que la legislatura zozobre en el otro, lo que agranda la sensación de que cuantos contemplan el espectáculo presencian una gran ceremonia de la confusión. ¿O se trata acaso de una partida con las cartas marcadas?

La desavenencia de Junts con ERC, que apoya el texto pactado, ha ayudado a engordar la desorientación de una opinión pública que asiste atónita a un insólito disenso. La pretensión de los portavoces de Junts de excluir de la ley toda mención del terrorismo resulta inaceptable para el Gobierno porque pretende poco menos que consagrar la impunidad para seguir adelante; la comprensión de ERC de que tal camino es intransitable responde a un ejercicio de realismo que no permite ir más allá en el blindaje de quienes activaron la declaración unilateral de independencia y cuanto la siguió. En todo caso, es inviable porque con toda seguridad es inconstitucional maniatar a un poder del Estado para dotar de inmunidad a algunas personas que, a mayor abundamiento, residen en el extranjero. Si los indultos fueron fruto de una iniciativa aconsejada por el momento político para desinflamar la tensión social en Catalunya, una medida del estilo de la exigida por Junts inflamaría la atmósfera política en todas direcciones.

En un país tan avezado en saber con muy precisa exactitud qué es y qué no es terrorismo, las descripciones de urgencia del fenómeno en las tribunas de oradores del Parlamento, oídas en la radio y la televisión y publicadas en los periódicos han sido a menudo un compendio de lugares comunes, argumentos retorcidos y remisiones al pasado, con las menciones a ETA y Bildu en primer plano. Por ejemplo, es una grosería escénica entender que la muerte de un viajero francés en el aeropuerto de Barcelona el día del bloqueo de las terminales fue consecuencia de un acto terrorista. Es un despropósito someter a tal manipulación a los ciudadanos de un país con buena memoria, que conoció la desaparición de ETA hace solo trece años y recuerda cada 11 de marzo a los 191 muertos de los atentados de Madrid de 2004.

Es asimismo una insensatez deslegitimar una iniciativa sometida a discusión en el Parlamento y de momento bloqueada. Porque ni atenta contra la división de poderes ni presupone que obedece a una interpretación sesgada de la Constitución. Si este es el caso, será un fallo del Tribunal Constitucional el que lo establezca en su momento habida cuenta de que sus atribuciones siguen intactas con y sin ley de amnistía, el Gobierno respeta sus decisiones y nadie ha dicho hasta la fecha que esté dispuesto a hacer lo contrario. Que satisfaga a la opinión pública lo que determine el Supremo si la ley se aprueba y es recurrida, es un futurible impredecible, salvo que se dé por bueno el argumentario ad hoc de la oposición según el cual la amnistía vulnera la Carta Magna y no hay más que hablar. Tampoco tiene mayor significación comparar el momento en que se tramita la amnistía referida al procés con las concedidas en otros países de Europa en momentos singulares, aunque los rescoldos del periodo 2017-2019 sean igualmente material singular.

La politóloga Miriam Martínez-Bascuñán sostiene que la ley de amnistía tiene una “pulcra fundamentación jurídica”; el eurodiputado del PP Manuel García Margallo dice no recordar “una situación tan crítica”; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero proclama que en el futuro se recordará que “un Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la normalización, a la convivencia en Catalunya”. El catálogo de opiniones a favor y en contra es ilimitado; las opiniones jurídicas en un sentido u otro, también. Al mismo tiempo, las encuestas señalan la oposición de una parte importante de la opinión pública a tal medida de gracia por razones en las que se mezclan las emociones, el recuerdo de la calle incendiada y el paso dado con los indultos para serenar los espíritus. Una serenidad que puede desvanecerse si, por mero cálculo político, perseveran las partes en una escalada verbal sin límite y de una toxicidad manifiesta.