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Joan Tapia

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Presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.

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¿Colorín, colorado?

La gran crítica a la amnistía es que no es un gesto político discutible, sino un duro precio mercantil pagado a Puigdemont, que tiene solo siete escaños pero es la bisagra obligada para Sánchez

El Gobierno descarta ahora recortar las instrucciones judiciales y fía la amnistía a la presión sobre Junts

El fiscal propone que García Castellón siga investigando Tsunami al ver los indicios contra Puigdemont "demasiado abiertos"

Pedro Sánchez, con rostro serio, el pasado martes en el Congreso tras el rechazo de Junts a la amnistía.

Pedro Sánchez, con rostro serio, el pasado martes en el Congreso tras el rechazo de Junts a la amnistía. / JOSÉ LUIS ROCA

La amnistía a los dirigentes del 'procés' es un asunto difícil, polémico y que está agitando e inflamando la política española. Para abordarla con un poco de ecuanimidad creo que hay que partir de dos premisas. La primera es que una amnistía con un sólido apoyo parlamentario y un Gobierno fuerte sería una operación arriesgada, pero podría contribuir a cerrar la gran crisis catalana y española de 2017.

Es poco dudable que Catalunya está hoy más desinflamada y serena y que el independentismo -que mantiene muchos votantes- ha perdido credibilidad y se ha ido adaptando -con disensiones- a la realidad: España es un Estado de la UE y la independencia unilateral es imposible. ¿Por qué? Primero porque el 155, votado por el PP y el PSOE, funcionó. Luego porque la política de Sánchez (diálogo con el Gobierno catalán e indultos), avalada por el PSC de Miquel Iceta y Salvador Illa, ha cicatrizado parte de la herida. Lo dicen todas las encuestas. Y además Salvador Illa ganó (empatando en diputados con ERC) las elecciones catalanas de 2022 y el Gobierno independentista posterior se ha roto porque ERC y Junts no se soportan. De hecho, el gobierno de ERC sobrevive, con 33 diputados sobre 135, porque el PSC cree que es lo menos malo y, además, no hay mayoría alternativa.

¿La amnistía podía, pues, ser positiva? Sí, pero exigía claridad, un gran consenso y no convertirse en una guerra a muerte entre los dos grandes partidos españoles, como pasó con el Estatut del 2011 que acabó descarrilando. Y la amnistía, desaprobada por la mayoría del electorado español (también lo dicen todas las encuestas), también puede descarrilar.

La otra premisa es la inoportunidad moral. Tras una legislatura muy tensa, las elecciones municipales de 2023 fueron vistas como el momento de la verdad. Ganó el PP y proclamó que ya tenía la Moncloa. Pero Sánchez adelantó las legislativas y, en plena campaña, el PP pactó con Vox en varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Consecuencia, en las legislativas de julio el PP ganó, pero con mayoría insuficiente. Incluso con Vox. Dada la incompatibilidad entre el PP y el PSOE (culpa de ambos) solo había dos opciones: otra repetición electoral de resultado incierto u otro Gobierno del PSOE pactado no solo con los socios de la legislatura anterior, sino también con Puigdemont que, derrotado en Catalunya (fue el quinto partido tras el PSC, los comunes, ERC y el PP), tocó el cielo al ser la bisagra obligada para Sánchez.

Ni Feijóo se retiraba pese a depender de Abascal, ni Sánchez quería dejar la Moncloa si tenía mayoría para la investidura. Y la logró con unos pactos alambicados con Junts y tragando que la amnistía no era ya un gesto político sino un duro precio de mercado. Sin amnistía, Sánchez no era presidente. Pero, para el PP, que soñaba con nuevas elecciones, la amnistía le robaba la Moncloa. No la iba a aceptar de buen grado.

El PP está disconforme con la amnistía, pero además cree que es la causa de que, pese a haber ganado las elecciones, no haya llegado a la Moncloa. Era evidente que no la iba a aceptar de buen grado

Pero la ley de amnistía ha sido de momento rechazada por la extraña unión de los votos de Feijóo, Abascal... y Puigdemont. Causa: el juez García Castellón -¿cañón de la derecha?- ha agilizado el sumario Tsunami, durmiente cuatro años, y quiere imputar a Puigdemont por terrorismo. Acusación repentina pero suscrita por los fiscales del Supremo y la derecha judicial. Y pese a todos los esfuerzos (Bolaños es incansable), el Supremo imputará a Puigdemont (y a Marta Rovira) por ser los jefes de Tsunami con lo que, sea el que sea el veredicto final, no serán amnistiados cuando se apruebe la ley -si se aprueba- en mayo. Pese a ello, ERC la apoyará en la nueva votación (pájaro en mano), pero es difícil (tampoco imposible) que Puigdemont lo haga.

Si al fin hay amnistía Sánchez, algo más chamuscado, seguirá. Pero contra el Senado, la derecha judicial, que no se corta, y con aliados 'complicados'. Pero sin amnistía se queda sin mayoría y sin presupuestos, pues Turull dijo que sin ella “colorín colorado, el cuento se ha acabado”. Y a la espera de las elecciones europeas de junio, que serán un nuevo y áspero choque Sánchez- Feijóo. Para las dos Españas (polarizadas contra su voluntad) el líder contrario es ya una especie de Trump ibérico. Lo peor de lo peor.

El único consuelo es que, en los mercados, la deuda española aguanta. Mejor que la italiana, pero ¿hasta cuándo?

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