Cómo no aburrir al árbitro

La hiperpolítica de confrontación entre PSOE y PP va trasladando cuestiones estrictamente nacionales a los foros del sistema europeo. Eso tendrá un coste simbólico. A la vez que comparte franjas de soberanía con sus socios europeos, España sigue siendo un Estado soberano. Nada justifica que para renovar el Consejo General del Poder Judicial se recurra a la Comisión Europea como mediadora. Asombra que dos partidos de gobierno como PP y PSOE actúen como si su enfrentamiento fuese equiparable a una guerra carlista que “in extremis” requiera de un árbitro supranacional. 

Por mucho que se intente reubicar toda refriega en Bruselas, no está escrito que el poder judicial de España sea un asunto para resolver en un despacho de la Comisión. Al menos retóricamente, eso representa postergar de 'motu propio' la soberanía española, como si no existiera ninguna institución en España que pueda mediar. Pedir la asistencia del comisario Reynders –hombre sensato- es como declararse incapaz de llegar a acuerdos sobre cuestiones institucionales que son intrínsecas y que al externalizarse se banalizan y generan insolvencia.  

Reynders avisa que hay que renovar y reformar el sistema de elección del CGPJ

Para ser un socio respetado de la Unión Europea –o temido- es mejor no ir delegando problemas internos porque luego la defensa real de los intereses nacionales en Bruselas sale perjudicada. No hay que sentarse a las mesas de negociación con demasiadas deudas contraídas, debiendo muchos favores. Bastante deteriora la imagen de España tener a la vicepresidenta Yolanda Díaz empatizando a su aire con Carles Puigdemont o ver al secretario de organización del PSOE negociando en un ambigú con el hombre de Waterloo. Así viene luego que Junts reclama verificación internacional para sus conversaciones con el PSOE porque no se fía de un Estado al que considera invasor.

Pedir a la Comisión Europea que medie en la renovación del CGPJ es algo muy distinto. No es que PP y PSOE no se fíen del Estado: es que no se fían uno del otro y eso es un componente intrínsecamente nacional. Miméticamente, con las turbulencias en parlamentos autonómicos y plenos municipales se creerá necesario contar con un mediador exterior que calme los ánimos y certifique los acuerdos que antes certificaban –por ejemplo- el secretario o letrados de la corporación.

 Reynders probablemente garantice lo que él mismo llama “un diálogo estructurado” pero también hay que tener en cuenta que su responsabilidad institucional no le hace mediador, ni parece que tenga muchas ganas porque las disputas españolas –especialmente las intrigas de Puigdemont- ya han saturado las formalidades del Parlamento Europeo. Además, Reynders deja su despacho en marzo. Con la perpetuación de la conflictividad entre PSOE y PP se entiende que tenga pocas ganas de mediar. Las instituciones europeas ya tienen suficiente con sus propias desconfianzas y querellas internas. Quien sabe cómo están ahora mismo el eje franco-alemán o la tensión norte-sur. A las élites del europeísmo institucional no les resulta confortable que las trifulcas de un país-miembro se cuelen por el buzón. 

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Desde su incorporación al sistema europeo, España ha sido un socio de fiar, trabajador y pugnaz. Pero el consenso en política exterior que se forjó con la transición democrática se fue deteriorando y eso debilita la solidez negociadora. Es curioso que siendo entonces los intereses de la agricultura francesa uno de los obstáculos para la integración de España ahora mismo los agricultores de la dulce Francia estén de nuevo saboteando salvajemente el paso de los camiones españoles. Por ahí se cuelan los tomates de Marruecos.