España, ante la deuda que suelta el BCE

En un contexto económico todavía inestable y con unas expectativas de crecimiento débiles como consecuencia en buena medida de las dos guerras que cercan Europa, la de Ucrania y la de Gaza, España tendrá que afrontar en 2024 la absorción de 38.000 millones de euros de deuda pública que hasta ahora estaban en manos del Banco Central Europeo. Deuda que tendrá que tratar de colocar a otros compradores. Es cierto que en el último año el Tesoro Público ha encontrado tres grandes grupos de adquirentes para la deuda española: inversores extranjeros, fondos de inversión y, de manera destacada, los particulares. Estos últimos se hicieron en 2023 con 21.554 millones de bonos del Estado. Todo un récord, teniendo en cuenta que en 2022 solo poseían 979 millones en esos productos. La euforia por las letras del Tesoro del pasado año se debió al incremento de los tipos de interés del BCE y, de rebote, de las emisiones de deuda estatal. De hecho, el tipo medio en España fue del 3,44% frente al 1,35% del 2022. Y más importante, frente a la renuencia de los bancos a remunerar los depósitos. Ahora, la demanda sigue siendo alta. El pasado miércoles el Tesoro realizó una emisión a 10 años con peticiones de compra nueve veces superior a la cantidad colocada.

El BCE se desprenderá de unos 38.000 millones de deuda pública española en 2024

Aun siendo importante el hecho de que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dirigiera hasta el 29 de diciembre la secretaría general del Tesoro y Financiación Internacional de España, es decir, que es un experto en la materia, su experiencia por sí sola no será suficiente para afrontar ese reto. Esa ocupación anterior supone, sin duda, un punto a su favor y se puede considerar como una garantía que inspire confianza en los mercados internacionales de deuda. Pero, acabada la política de compras masivas de deuda por parte del banco central, dirigida primero a evitar la deflación y después una debacle económica durante la pandemia, cada uno de los estados miembros tendrá que hacerse cargo de sus cuentas, sin más salvavidas que su propia habilidad. Y tienen que hacerlo además en un momento en que vuelve a exigirse el cumplimiento de las reglas fiscales, que precisarán de ajustes en el gasto para la reducción de déficit y la deuda públicas. 

España es uno de los países con más deberes pendientes en esta materia, como viene advirtiendo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La economía española adolece de un déficit público estructural y de una deuda pública tan elevados que le confieren una vulnerabilidad mayor que a otros países de nuestro entorno. Esa situación podría hacer resurgir la desconfianza y afectar negativamente a la estabilidad financiera española. Es esta una de las razones por las que el Gobierno tiene que ser especialmente riguroso en la aplicación de las políticas fiscales, evitando caer en la euforia de un gasto público elevado, que podría hacer tambalearse el equilibrio financiero del Estado. Afrontar los dos retos al mismo tiempo, reducir el déficit y la deuda y aumentar el gasto social, parece más una ilusión que una realidad. España necesita rigor en la administración de las cuentas públicas y eso puede estar reñido con aferrarse a según qué quimeras.