Deslealtad constitucional, ¿de quién?

Incluso entre los partidarios de la amnistía existe una legítima preocupación porque el borrado de los delitos del 'procés' y las reformas del Código Penal concebidas para minimizar las penas que de él se derivaron supongan un acicate para volverlo a hacer, que es justo lo que sostienen algunos sectores del independentismo. En consecuencia, no debe sorprender que la enmienda a la totalidad que ha registrado el PP en contra de la ley de amnistía contenga algunas medidas que pretenden revertir algunas de esas reformas reponiendo delitos que se considera que no deberían haber desaparecido e incluso introduciendo cambios que puedan suponer un endurecimiento de las penas. De hecho, si la amnistía fuese fruto del consenso y de un verdadero convencimiento por parte del PSOE de la bondad de la medida y una manera de poner el contador a cero para todos, y no el mero resultado de una necesidad aritmética vestida de virtud, no hubiese sido ilógico acompañarla precisamente de un endurecimiento de las penas de los delitos que fueron castigados, indultados y luego modificados. E incluso con una tipificación de las atípicas conductas que hicieron posible el 'procés', porque quizás se podría haber atraído al PP y se podría conjurar el temor de los ciudadanos que creen que la amnistía incentiva la repetición de los hechos.

No obstante, la propuesta del PP, particularmente la idea de deslealtad constitucional y la posibilidad de disolver partidos cuyos fines sean contrarios al orden constitucional y perjudiquen la unidad de España, no solo emula lo que Vox viene defendiendo desde hace tiempo sino que, en sí mismo, es algo muy contrario al orden constitucional. España no es una democracia militante y, por ello, cualquier partido puede defender aquello que considere oportuno, incluso rebasar el orden constitucional. Los únicos límites los imponen la ley de partidos y el Código Penal, que en aras de la libertad de pensamiento y del pluralismo no castiga las ideas sino las acciones.

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