En favor de la concertación

El Día Internacional de los Trabajadores se celebra este año en plena campaña electoral de las elecciones al Parlament de Catalunya y a las puertas de la campaña de las elecciones europeas. Las organizaciones sindicales se movilizan este año con el lema Por el pleno empleo: reducir la jornada, mejorar los salarios porque, aunque tanto Catalunya como España han alcanzado cifras récord de ocupación, nuestro país es todavía el que presenta el nivel de desempleo más elevado de toda la Unión Europea, el 12,3% , y algo más bajo en Catalunya, el 9,5%, lo que no solo nos sitúa lejos del pleno empleo sino también lejos de la media comunitaria. A este respecto el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha señalado la necesidad de que España revise las políticas de empleo para mejorar la regulación relativa al despido y para garantizar que las prestaciones de desempleo garanticen la protección de los parados sin desincentivar la búsqueda de trabajo. 

La reivindicación de los sindicatos se centra, además, en el crecimiento de los salarios y en la reducción de la jornada laboral. En cuanto a la primera, se aspira a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, porque a pesar de que en los últimos años el SMI se ha incrementado notablemente hasta alcanzar el 60% del salario bruto mediado, la elevada inflación ha comportado una notable pérdida de poder adquisitivo por parte del conjunto de los asalariados. Y por lo que respecta a la reducción de la jornada laboral, que es justamente uno de los compromisos del actual gobierno de coalición, se persigue una mejora de conciliación con la vida personal sin que ello tenga afectación salarial, razón por la cual, de momento, la patronal se opone a la medida y trata de dilatar la decisión. 

Estas no son sin embargo todas las reivindicaciones existentes en el ámbito del trabajo. Adaptar la legislación a un mercado laboral cada vez más envejecido y hacer frente a la precariedad con la que se enfrentan los más jóvenes son otros retos pendientes sobre los que el Gobierno se ha comprometido a actuar. Se espera además que a lo largo de esta legislatura se eleve el coste del despido, medida acerca de la cual el PSOE es reacio pero que es preceptiva como consecuencia de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales que, a raíz de una denuncia interpuesta por la UGT, ha dictaminado que la legislación española no protege lo suficiente a los trabajadores en caso de despido. Pero también están pendientes actuaciones en lo relativo a la jubilación anticipada, que exige reformas, en el estatuto del becario que a pesar de ciertos avances sigue encallado o en los protocolos contra el acoso LGTBI en las empresas, pendientes de aprobación. Todo ello cuando el Banco de España acaba de anunciar que en 2025 será necesario un nuevo ajuste en el sistema de pensiones. 

Los retos son muchos y para que cualquier decisión sea efectiva son necesarios consensos y evitar el unilateralismo que en ocasiones ha alentado de manera innecesariamente beligerante por parte de la Ministra de Trabajo y Economía Social. En el ámbito del trabajo, seguramente más que en cualquier otro, se impone una política de concertación y más si echamos la vista atrás y vemos como, en momentos de elevada polarización como del que venimos y el que estamos viviendo, este talante ha permitido acuerdos entre los agentes sociales imposibles en el escenario de la política de partido.