El fin de la prescripción de los abusos a menores, una revolución pendiente

Ha pasado en Corea, pero la historia llega a nosotros como una invitación a cambiar la óptica sobre la justicia que llega muy tarde, pero llega. El alto tribunal del país asiático ha confirmado las condenas de distintos juzgados del país a empresas niponas que, durante la ocupación, usaron como esclavos laborales a ciudadanos. Hace décadas de ello, y la decisión pasa por encima del largo paso del tiempo que ha transcurrido desde que se cometieron esos hechos, de la misma forma que en 2015, bajo la presidencia de una mujer de Corea del Sur y el empuje feminista, se logró una compensación económica histórica para las esclavas sexuales que fueron explotadas por los japoneses en aquel mismo periodo. No son crímenes contra la humanidad como los que llevan a matanzas y genocidios, pero los daños que causan en las personas se prolongan a lo largo de sus vidas y dejan un trauma, como una cicatriz imborrable por mucho que se haya curado la herida. 

Pienso en ello cuando seguimos registrando altos índices de violencia sexual contra niños y mujeres. ¿Qué más hace falta para que estos abusos sean castigados con el mismo compromiso moral, por una justicia verdadera?. No es tanto un problema de años de cárcel, el que afronta la puesta al día de la respuesta judicial, como el de la corta prescripción de los delitos, que se diría que es un aliciente para los atropellos sexuales que han dejado una legión de niños traumatizados, una larga lista de mujeres con miedo, problemas de conducta y una vida trastocada por la violencia íntima. Son especialmente vulnerables aquellos que, siendo menores, tardarán en atreverse a denunciar cuando no a comprender lo que han sufrido, en señalar a sus agresores, en confrontar sus fantasmas antes que huir de ellos. Y esa vulnerabilidad dificulta la persecución de sus agravios en el tiempo, en claro beneficio del abusador, que es consciente de ello y se aprovecha. La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa recomienda elevar el plazo a partir del cual comienza a computar la prescripción a los 47 años de edad de la víctima, pero en España, y pese a la actualización que logró la Ley Rhodes, solo se ha blindado que sea a los 35 años. 

El Parlament registra una ley para que no prescriban los delitos sexuales graves contra niños

En realidad el asunto no debería ir de diez años arriba o abajo, como si pudiéramos calcular en qué momento de la madurez un adulto que sufrió abusos puede dar el paso para denunciar su situación. Esta misma semana el Parlament ha abierto la senda para que los abusos sexuales a menores no prescriban, y lo ha hecho con el apoyo de PSC, ERC, Junts y comunes a una proposición de ley para una reforma del código penal que permita perseguir los delitos graves que conlleven penas de cinco años de prisión o más. También quiere elevar en el resto de delitos la edad límite a partir de la que cuenta la prescripción en los 50 años de la víctima. La propuesta no tiene recorrido real en Catalunya en caso de que se apruebe, pero puede ser la punta de lanza para que, una vez llevada al Congreso, prospere con toda la efectividad.

La violencia de género y su revolución

 A principios de siglo, los cambios del Código Penal para adecuar la respuesta judicial a los casos de malos tratos familiares, la violencia doméstica, transformaron el panorama social. La Ley de protección contra la violencia de género desplegó todo un cuerpo normativa a ejecutar, y los juzgados vivieron toda una revolución para adaptarse a la nueva persecución de delitos contra las mujeres, ya considerados como tales, tras el reconocimiento de que la lacra necesitaba un freno urgente, un castigo proporcionado al daño causado. Ojalá volvamos a vivir una revolución similar contra el abandono de víctimas ante abusos impunes por el paso del tiempo. 

Suscríbete para seguir leyendo