Ágora
Josep Maria Argimon

Josep Maria Argimon

Director de la Unidad de Infraestructura Científica del BarcelonaBeta Research Center (BBRC). Exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.

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AFA, móviles y salud pública

Distintos profesionales coinciden: cuanto más se retrasa el acceso a móviles, mejor es el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y jóvenes

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Varios niños consultan sus teléfonos móviles.

Varios niños consultan sus teléfonos móviles. / Shutterstock

Las pantallas y su uso se han convertido, en pocos meses, en una seria preocupación para padres y madres de niños y adolescentes. Diariamente, aparecen noticias de iniciativas de asociaciones de familias de alumnos (AFA) que promueven restricciones en su centro y reclaman repensar el rol de los teléfonos móviles antes de la mayoría de edad. En tan solo unos cuantos meses, la sociedad ha reconocido un problema que muchos progenitores intuían pero que no encontraban voces que le pusieran nombre. Este es un movimiento de empoderamiento ciudadano de primer orden, y como tal no tendría que ser ninguneado por la Administración. Nace de la autoconciencia de la ciudadanía, que se organiza y expresa su preocupación por un tema tan relevante como la salud de los más desprotegidos: los menores.

Hay evidencias para afirmar que los móviles interfieren en la atención y la memoria y, por tanto, en la capacidad de aprender: relacionar conceptos, emociones y vivencias. Tal como señala Stanislas Dehaene, más que 'Homo sapiens', somos 'Homo docens': la única especie que se enseña a sí misma durante toda la vida. La mayoría de las cosas que sabemos del mundo no las llevamos incorporadas en el momento de nacer, sino que son fruto de la extraordinaria capacidad de nuestro cerebro para formular hipótesis, seleccionar algunas y convertirlas en conocimientos sólidos sobre el mundo. Los humanos nos hemos especializado en el aprendizaje para podernos adaptar al medio, a la lengua, a la cultura, a nuestra familia, a la alimentación, etc....La historia nos muestra cómo estos 'Homo docens', para fortalecer y desarrollar esta capacidad de aprendizaje, crearon una institución única: la escuela.

La opinión de muchos profesionales de la psicología, la pedagogía, la neurobiología, la educación o la pediatría es clara: cuanto más se retrasa el acceso a móviles, mejor es el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y jóvenes. Últimamente se han añadido a esta demanda los oftalmólogos, que han observado que la miopía magna en adolescentes se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años, y lo atribuyen principalmente a la exposición a las pantallas. Otros expertos opinan que es muy difícil generar evidencias sólidas sobre los efectos de las pantallas por su uso casi universal que hacen los adolescentes, que impide diseñar estudios controlados. Incluso aceptando esta última opinión, hasta que no tengamos pruebas concluyentes de que su uso es beneficioso, o como mínimo no perjudicial para el bienestar emocional, se tiene que ser muy prudente en su uso.

Ante este reto mayúsculo, los poderes públicos, en su papel de garantes de los derechos para el conjunto de la sociedad, tendrían que actuar de manera coordinada con políticas públicas firmes y decididas. Es imperioso que la respuesta sea rápida y efectiva, no tan solo porque es una demanda que nace de los mismos padres y madres sino porque sus efectos en los menores, a menudo irreversibles, se están produciendo ahora y aquí.

El debate se está centrando en el mundo educativo, y es cierto que la escuela es el entorno natural para el nacimiento de una nueva conciencia. Pero no toda la responsabilidad puede recaer sobre los docentes y los centros educativos. De hecho, el uso de las pantallas es mucho más intensivo fuera de la escuela. En este debate se tienen que implicar el conjunto de la sociedad y todos los poderes públicos, incluido el legislativo. Así como, hasta los años 90, no existió una voluntad de alejar el acceso de las empresas de tabaco a los menores, prohibiendo la venta y distribución, ahora empieza a ser hora de tomar decisiones para limitar el acceso de las grandes empresas tecnológicas a nuestros niños y adolescentes. Un ejemplo ilustrativo: hasta el decreto 192/1988, que regulaba el consumo del tabaco, no se prohibió fumar en escuelas e institutos. Aun así, ¡se permitía que la dirección habilitara zonas exclusivas para los docentes, zonas “sin ninguna convivencia con menores de dieciséis años” (sic) para continuar fumando!

Los teléfonos móviles son herramientas fenomenales de trabajo y comunicación para los adultos pero no para personas en desarrollo. Limitar y posponer su uso es un imperativo de salud pública que no podemos rehuir.