Opinión | Ágora

Jéssica Albiach / Joan Carles Gallego

Jéssica Albiach / Joan Carles Gallego

Jéssica Albiach es coordinadora de Catalunya En Comú y presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem. Joan Carles Gallego es diputado y presidente de la Comissió d’Empresa i Treball del Parlament.

Los fondos oportunistas capturan al Gobierno

Celsa es una empresa rentable con grandes perspectivas y estratégica para nuestro bienestar futuro 

El Govern de la Generalitat de Catalunya debería contribuir junto al Ejecutivo central a garantizar la asignación de la quita, ya que se adjudicaron los fondos en una operación claramente especulativa

Imagen de la acería Celsa en Castellbisbal.

Imagen de la acería Celsa en Castellbisbal.

El Gobierno está a punto de autorizar que fondos extranjeros oportunistas se hagan con el control de Celsa, una importantísima multinacional catalana que da trabajo a cerca de 10.000 personas y que se dedica a la producción de acero verde a partir de chatarra que funde en sus hornos eléctricos alimentados por energía renovable. Una empresa del futuro y en el corazón de la economía circular cuyo control está a punto de quedar en manos de fondos dedicados al pelotazo especulativo y no a la generación de valor y empleo de calidad a largo plazo. Mientras tanto, el Govern de la Generalitat de Catalunya no está exigiendo que la propiedad y el centro de decisión no queden en manos de fondos especulativos sin ningún compromiso con el entorno social y económico del país.

Cuando esto ocurra, el escudo anti-opas que se levantó durante la pandemia para precisamente evitar que esto ocurriera habrá quedado en papel mojado. Los fondos especulativos se han hecho con la empresa embolsándose una quita del 64% de su deuda original con los bancos (2.600 millones de euros), gracias a la reciente y deficiente reforma de la Ley Concursal que otorga unos derechos excesivos a los acreedores en menoscabo de los propietarios y trabajadores que han levantado la empresa. Esta vía de agua para entrar en las entrañas de las empresas productivas ha sido rápidamente detectada por los bufetes y lobis clientelares que sobrevuelan el tejido productivo en busca de presas propicias en las que hincar el diente y cobrar minutas millonarias y/o entrar en el nuevo Consejo de Administración resultante. 

Celsa es una empresa estratégica, como acreditó el acuerdo del Consejo de Ministros que le concedió una ayuda de 550 millones de euros aún no empleada a través de la SEPI, crítica para lograr en Europa y el mundo un medio ambiente saludable y para asegurar el suministro de acero verde, que será imprescindible en el futuro para fabricar todo tipo de vehículos a un precio asequible según avance la normativa medioambiental europea. El Gobierno puede vetar la operación con fundamento en estos argumentos y hacerse con su propiedad asignando la quita y las ayudas concedidas a su compra. Si no lo hace será una mala noticia para todos. Significará que todo el discurso sobre la autonomía estratégica y la política industrial activa es solo márketing y que aquí de lo único de lo que se trata es de rebajar el riesgo empresarial con dinero público mientras los beneficios permanecen privatizados o se facilitan operaciones especulativas en las que participan las clientelas afines. 

Celsa es una empresa rentable con grandes perspectivas y estratégica para nuestro bienestar futuro. Su sobreendeudamiento es fruto de unas previsiones que no se cumplieron debido a lo imposible de prever lo impredecible, una pandemia. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas nace precisamente para atender estas situaciones. En consecuencia, la SEPI debe hacerse con su propiedad para preservar su valor industrial y empleo de calidad a largo plazo. El Govern de la Generalitat de Catalunya debería contribuir junto al Gobierno de España a garantizar la asignación de la quita, ya que se adjudicaron los fondos en una operación claramente especulativa, y que esta vaya a quien de verdad le corresponde -los ciudadanos y contribuyentes- y las ayudas ya dotadas hagan viable su control público.