Los pagos al director del ICO, bajo el foco

La investigación de EL PERIÓDICO que ha destapado unos pagos de compañías farmacéuticas al director del Institut Català d’Oncologia (ICO) ha llegado al Parlament. La Conselleria de Salut abrió el pasado lunes un expediente informativo sobre la actividad privada de Ramon Salazar i Soler, después de que este diario comunicara al departamento la información sobre estos cobros (14.036,09 euros durante 2022), que no habían sido declarados al Portal de Transparència de la Generalitat como es obligación en todos los altos cargos de la Administración catalana. Tanto la apertura del expediente informativo como el hecho de que dos fuerzas políticas –el PSC y la CUP– hayan solicitado esclarecer el asunto en sendas peticiones ante la Cámara catalana indican el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas ante cualquier sospecha de irregularidad en la Administración pública. Igualmente sospechoso es que una empresa fundada por Salazar y administrada por su mujer organice jornadas médicas patrocinadas por farmacéuticas. Cabe esperar el máximo rigor y diligencia en que se resuelva cuanto antes la cuestión, y en dirimir la parte de responsabilidad, si la hubiera, por los posibles errores de vigilancia y control que se hayan cometido.

Corresponde ahora al Govern establecer si el director del ICO ha incurrido en alguna incompatibilidad, como apuntan los datos recabados por este diario. El conseller de Salut, Manel Balcells, aseguró que tomarán "las decisiones que haya que tomar" si se confirma que se han incumplido los criterios de compatibilidad con Salazar. "Si hay cosas mal hechas, no lo toleraremos", añadió. Aunque los cargos públicos pueden ejercer determinadas actividades privadas, el peligro de que los intereses personales influyan en las decisiones que se toman desde las instituciones obliga a ser especialmente estricto en marcar límites. Sobre todo, en un ámbito tan sensible como el de la salud, hay que exigir la máxima honestidad en la relación entre los facultativos y la industria farmacéutica. El descontento expresado ayer por los sindicatos demuestra la preocupación, también por parte de los trabajadores del ámbito médico, por mantener la ética en su profesión.

Al margen de si hubo o no incompatibilidad en el caso de Salazar, lo que sí que está claro es que no declaró a Transparència estos ingresos obtenidos al margen de su salario en el ICO, y que debía haberlo hecho. La transparencia es una de las armas más efectivas para combatir la corrupción, a todos los niveles, y los gobiernos y sociedades avanzadas se definen por su capacidad de garantizarla. España aprobó una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 2013, y un año después salió adelante la ley catalana. Son regulaciones que fortalecen el Estado democrático y de derecho, y su incumplimiento debe ser perseguido porque abre la puerta a prácticas que no deben tolerarse en ningún modo.