Un buen fin, un medio dudoso

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista registró ayer en el Congreso el proyecto de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya . Fue solo horas después de que la presidenta de las Cortes, Francina Armengol convocara el pleno para debatir la investidura de Pedro Sánchez a partir del próximo miércoles. No hay, pues, ningún tipo de doblez: una cosa va por otra , como mínimo, una cosa va con la otra. De acuerdo con los acuerdos hechos públicos en los últimos días, tanto la investidura como el proyecto de ley se aprobarán por mayoría absoluta gracias al apoyo de ocho grupos parlamentarios: PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es estéril debatir la legitimidad de este trueque, pero es inevitable discutir su oportunidad política y su ajuste a la legalidad. Este es el procedimiento que se debe poner en marcha, primero cuando ambas cosas sean debatidas en el Congreso y, posteriormente, cuando lo sean en cuantos órganos nacionales e internacionales sean competentes para juzgarlos.

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Casi nadie, solo los que desde una u otra trinchera ignoran la complejidad de la realidad, puede oponerse al fin que define el proyecto de ley: «la normalización institucional, política y social en Catalunya». La duda está en el medio, la amnistía a una serie de «actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable en el marco de las consultas celebradas en en Catalunya el 9 de noviembre del 2014 y el 1 de octubre del 2017, de su preparación o consecuencias siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023». La exposición de motivos se esfuerza en defender la constitucionalidad de la amnistía y su adecuación al acervo de la UE, de manera preventiva a los más que probables recursos que presentarán tanto instancias políticas como judiciales. Pero lo que no queda recogido de manera suficientemente nítida es la defensa de su aportación al interés general, que es la condición para encajarla en la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Los defensores del proyecto insisten en su eficacia para pasar página, pero deberían buscar la manera, a lo largo de la tramitación parlamentaria, de evitar que la nueva que se abra deje fuera ahora a los catalanes que no participaron, ni aprobaron ni aplaudieron los actos delictivos que la norma pretende perdonar. Más allá de su adecuación jurídica, el proyecto carece del necesario consenso que lo vincule a algo más general que la investidura de un presidente del Gobierno de España. No hay ningún compromiso en abandonar determinadas prácticas políticas que se perdonan, aunque, a partir del día de hoy, siguen siendo delictivas.

No hace falta defender a otro candidato a la presidencia del Gobierno, ni estar inquieto por la unidad de España ni sentir añoranza por ningún tiempo pasado, para ver que por muy loable que sea el fin que se enuncia, el medio es más que dudoso, jurídicamente, como dirán los tribunales, pero también políticamente como en uno u otro momento dirán las urnas. Y ello no es óbice para valorar el esfuerzo de los impulsores de la norma por dialogar dentro del Estado de derecho. Nada sería más deseable que en un breve espacio de tiempo todos, también los que no voten la ley, sientan que se ha normalizado Catalunya y el conjunto de España.